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EDHyP GabyCossío F05 — Transcript

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0:17Hola, el día de hoy concluiremos el tema
0:21platicando sobre los derechos de las
0:23personas con discapacidad y otros grupos
0:28referente a las personas con
0:29discapacidad. El tratamiento
0:31contemporáneo de los derechos políticos
0:32de las personas con discapacidad exige
0:36comenzar una precisión conceptual.
0:39La discapacidad ya no se entiende en el
0:42derecho internacional de los derechos
0:44humanos como una condición individual
0:46asociado exclusivamente a una
0:48deficiencia médica, sino como el
0:50resultado de la interacción entre
0:52determinadas características personales
0:55y barreras sociales, las instituciones
1:00y culturas que impiden la participación
1:04plena en la vida pública de estas
1:07personas. Este cambio de paradigma es
1:10central porque transforma la forma en
1:13que deben diseñarse las instituciones
1:16democráticas. El problema no radica en
1:18la persona, sino en el entorno que lo
1:22excluye o que la excluye.
1:25¿Cómo podemos conceptualizar esta
1:27discapacidad? Desde una perspectiva
1:29internacional y doctrinal.
1:32El referente normativo principal es la
1:34Convención sobre los derechos de las
1:36personas con discapacidad de las
1:38Naciones Unidas. En su preámbulo y
1:41artículo primero, la convención señala
1:43que las personas con discapacidad
1:45incluyen aquellas que tienen
1:47deficiencias físicas, mentales,
1:49intelectuales o sensoriales a largo
1:52plazo, que al interactuar con diversas
1:55barreras
1:57pueden impedir su participación y
2:00efectiva
2:02inclusión en la sociedad en igualdad de
2:05condiciones con planes iguales y
2:08condiciones iguales. a los demás. Esta
2:11definición incorpora de manera explícita
2:13el llamado modelo social de discapacidad
2:17que sustituye al modelo anterior médico
2:21tradicional.
2:22La doctrina especializada
2:25como Gerald Queen señala o ha explicado
2:28que este modelo social implica una
2:31transformación epistemológica del
2:33derecho antidiscriminatorio.
2:35El foco deja de estar en corregir a la
2:39persona y se desplaza hacia la
2:42obligación estatal de remover los
2:43obstáculos estructurales que la rodean.
2:46Desde esta perspectiva, la discapacidad
2:48se analiza como categoría sospechosa de
2:51discriminación vinculada al principio de
2:54igualdad sustantiva.
2:56En el ámbito interamericano, aunque la
2:58Convención Americana no contiene una
3:00definición expresa
3:03evolutiva de la Corte Interamericana, ha
3:06incorporado un estándar dentro del
3:08bloque de la convencionalidad. Esto
3:10significa que la discapacidad debe
3:12analizarse desde la autonomía, desde la
3:15dignidad y la inclusión, evitando
3:19enfoques paternalistas que limiten la
3:22capacidad jurídica o la participación
3:25jurídica de estas personas. Ahora bien,
3:28¿qué tipos de de discapacidad y cuál es
3:30la relevancia jurídica que tenemos que
3:32analizar? Desde una perspectiva jurídica
3:35y pedagógica, es útil clasificar las
3:37discapacidades, no para etiquetar a las
3:39personas, sino más bien para identificar
3:41las barreras que deben eliminarse y qué
3:45ajustes razonables se deben de realizar
3:47e implementar. Las clasificaciones más
3:50utilizadas en el derecho comparado y en
3:52la literatura especializada son, entre
3:55otras, las siguientes: la discapacidad
3:57física motriz consistente en la
4:01implicación
4:02de limitaciones con en cuanto a la
4:05movilidad o al desplazamiento.
4:08En materia políticoelectoral, las
4:09barreras típicas son la accesibilidad o
4:13inaccesibilidad de casillas, ausencia de
4:16transporte adecuado e infraestructura
4:18pública no inclusiva. Cuando hablamos
4:22del tipo de discapacidad sensorial se
4:24refiere a que incluye una discapacidad
4:26visual y auditiva. Genera exigencias
4:28específicas como materiales electorales
4:31en braile, intérpretes de lenguas,
4:33enseñas, información accesible y
4:35sistemas alternativos de comunicación.
4:38El tercer tipo es la discapacidad
4:40intelectual o psicosocial. En este
4:43ámbito ha sido particularmente
4:45controvertido el tema porque
4:46históricamente se utilizó como argumento
4:49para restringir los derechos políticos
4:51de estas personas. El estándar
4:53contemporáneo rechaza la sustitución
4:57automática de la voluntad y promueve
5:00modelos de apoyo para la toma de
5:02decisiones.
5:05El cuarto es el tipo de discapacidad
5:07múltiple supone la coexistencia de
5:09diversas condiciones que requieren
5:11respuestas
5:13institucionales complejas, especialmente
5:15en contextos de participación política
5:17digital o procesos administrativos.
5:21Realmente lo relevante desde el punto de
5:23vista constitucional está en que estas
5:25categorías no deben operar como filtros
5:27para limitar derechos, sino como
5:30criterios para diseñar ajustes y medidas
5:33de carácter inclusivo.
5:36Deben establecerse medidas de
5:38nivelación, acciones afirmativas y
5:40ajuste ajustes razonables. Pero, ¿qué es
5:42esto? Uno de los conceptos más
5:45importantes dentro del enfoque
5:46contemporáneo es el de las medidas de
5:48nivelación.
5:50En la doctrina mexicana y
5:51latinoamericana, estas medidas se
5:53entienden como instrumentos orientados a
5:55corregir desventajas estructurales que
5:57impiden el ejercicio del real de los
6:00derechos. No implican privilegios, sino
6:04mecanismos compensatorios destinados a
6:06alcanzar una igualdad de carácter
6:08material. Las medidas de nivelación
6:11pueden adoptar miles de formas en
6:13ámbitos en el ámbito político.
6:15Instalación de casillas accesibles,
6:17formatos alternativos de boletas,
6:19capacitación específica de funcionarios
6:21electorales, asistencia técnica no
6:23invasiva o desarrollo de tecnologías
6:27inclusivas. Su fundamento se encuentra
6:29en el principio de igualdad sustantiva y
6:32en la obligación estatal de garantizar
6:33el ejercicio efectivo de los derechos.
6:36Un concepto estrechamente vinculado a lo
6:39que estamos platicando es el los ajustes
6:41razonables previstos en las convenciones
6:44internacionales. Estos son
6:46modificaciones necesarias y adecuadas
6:48que no impongan una carga
6:49desproporcionada destinada a garantizar
6:52el ejercicio de derechos en condiciones
6:54de igualdad. A diferencia de las
6:56políticas públicas generales, los
6:59ajustes razonables tienen una dimensión
7:01individualizada y responden a
7:03necesidades concretas.
7:06de una persona o grupo específico.
7:11Asimismo, deben distinguirse de las
7:12acciones afirmativas. Mientras que los
7:15ajustes atienden a situaciones
7:16particulares, las acciones afirmativas
7:18operan como políticas estructurales
7:21dirigidas a colectivos históricamente
7:23excluidos, por ejemplo, la reserva de
7:26espacios de representación o la creación
7:28de mecanismos de inclusión política.
7:31Ahora bien, atendiendo la capacidad
7:34jurídica, autonomía y participación
7:36política de las personas con
7:37discapacidad, uno de los debates más
7:39relevantes en la doctrina contemporánea
7:42se refiere a la capacidad jurídica de
7:44las personas con discapacidad,
7:46especialmente aquellas con discapacidad
7:48intelectual o psicosocial.
7:50Tradicionalmente, muchos sistemas
7:52jurídicos vinculaban la discapacidad con
7:54figuras de interacción o tutela que
7:57anulaban la capacidad de ejercicio. Sin
8:00embargo, las convencionalidades
8:02establecen que todas las personas tienen
8:04capacidad jurídica en igualdad de
8:06derechos y condiciones. Los estados
8:09deben de sustituir los modelos de
8:12sustitución o tutela por modelos de
8:15apoyo. Esto tiene implicaciones directas
8:17en el ámbito político electoral. La
8:20exclusión automática del sufragio vasta
8:22o basada más bien en el diagnóstico
8:25médico ha sido considerada incompatible
8:27con el estándar internacional. La
8:29doctrina de Quint sostiene que negar el
8:32derecho al voto o a estas personas por
8:36razones de discapacidad constituya una
8:38forma de discriminación directa
8:42porque presupone incapacidad sin evaluar
8:46apoyos posibles.
8:49Cuando hablamos de la accesibilidad
8:51universal y el diseño institucional
8:53inclusivo, el derecho a la participación
8:56política de las personas con
8:57discapacidad se articula también con el
8:59principio de accesibilidad universal.
9:02Este concepto desarrollado ampliamente
9:03por la por los convencionalismos
9:06internacionales implica que en los
9:08entornos físicos la información, las
9:11comunicaciones, los servicios deben
9:13diseñarse desde el principio para ser
9:15utilizables por todas las personas sin
9:18necesidad de adaptaciones posteriores.
9:21En términos electorales, esto se traduce
9:24en el diseño de materiales accesibles,
9:27plataformas digitales inclusivas,
9:29campañas de información en formatos
9:32alternativos y procedimientos
9:34administrativos comprensibles. La
9:36accesibilidad no es una medida
9:38excepcional, sino un componente
9:40estructural del derecho a la igualdad.
9:43Se debe realizar una interseccionalidad
9:45y una discriminación múltiple. La
9:48doctrina contemporánea también ha
9:49resaltado que las personas con
9:51discapacidad pueden experimentar
9:53múltiples formas de discriminación
9:55cuando su condición se combina con otros
9:57factores como es el género, la edad, la
10:00pertenencia indígena o la identidad
10:02sexual. Este enfoque interseccional
10:05obliga a replantear las políticas
10:07públicas desde una lógica compleja. No
10:10basta con medidas genéricas para
10:12personas con discapacidad si estas no
10:15consideran la diversidad interna del
10:17colectivo.
10:19En el contexto mexicano, este debate ha
10:22alcanzado o o se ha visto reflejado en
10:24decisiones de carácter jurisdiccional y
10:26en lineamientos administrativos que
10:28buscan garantizar la participación
10:30política efectiva mediante medidas
10:32diferenciadas.
10:34El desafío principal sostiene en evitar
10:37políticas inclusivas que se conviertan
10:40en formalidades simbólicas. La tutela
10:43efectiva exige evaluar si las medidas
10:47realmente permiten el derecho en
10:50condiciones de libertad, autonomía y
10:53dignidad.
10:55Este marco conceptual, definición de
10:58discapacidad, tipos, medidas de
11:01nivelación, ajustes razonables,
11:03accesibilidad universal, constituye la
11:06base dogmática para poder analizar
11:08después los problemas litigiosos más
11:10frecuentes en materia electoral, incluso
11:14como es el caso de la exclusión del
11:16padrón, accesibilidad al voto,
11:19representación política y así también
11:22como el reconocimiento de apoyo en la
11:24toma de decisiones.
11:28¿Cómo aplicamos en México los derechos
11:31político electorales con personas de
11:34discapacidad? Criterios de la Suprema
11:37Corte, criterios del Instituto Nacional
11:39Electoral y del Tribunal Electoral del
11:41Poder Judicial de la Federación.
11:45Haciendo una similitud en todos ellos,
11:48podemos llegar a la conclusión de que la
11:51recepción del modelo social de
11:53discapacidad dentro del ordenamiento
11:54jurídico mexicano ha sido progresiva. Se
11:58ha construido a partir del diálogo
12:00constante entre la jurisdicción
12:02constitucional, jurisdicción electoral y
12:04la autoridad administrativa. A
12:07diferencia de otros ámbitos donde el
12:08cambio fue predominantemente
12:10legislativo, en materia
12:12políticoelectoral, el avance ha sido
12:14impulsado por decisiones
12:15jurisdiccionales y por lineamientos
12:17técnicos del Instituto Nacional
12:18Electoral, que se han traducido en
12:20estándares
12:22que trascienden, además, no solo en
12:25nuestro ámbito, sino también de carácter
12:27internacional, particularmente por la
12:29Convención sobre Derechos de las
12:31Personas con discapacidad,
12:33traducido en medidas operativas de
12:35carácter concreto.
12:39Ahora es importante señalar el
12:41desarrollo jurisprudencial
12:43constitucional. ¿Qué ha dicho la Suprema
12:45Corte de Justicia al respecto? El punto
12:47de reflexión conceptual en México deriva
12:49del tránsito de un modelo tutelar hacia
12:52un enfoque basado en la autonomía y
12:54capacidad jurídica. La Suprema Corte,
12:57especialmente a partir de la reforma del
12:592011, comenzó a interpretar la
13:01discapacidad bajo la prima del principio
13:03propersona y de la igualdad sustantiva.
13:06Uno de los aportes más relevantes ha
13:09sido el reconocimiento de las
13:11restricciones basadas en discapacidad
13:13que deben someterse a un escrutinio
13:15estricto, ya que se trata de una
13:17categoría históricamente estigmatizada.
13:22En precedente sobre discapacidad
13:24jurídica y sistema de apoyos, la Corte
13:26ha señalado que la discapacidad no puede
13:29utilizarse como fundamento automático
13:31para limitar derechos civiles o derechos
13:33políticos. Este razonamiento tiene una
13:36proyección directa en el ámbito
13:38electoral porque desmonta la idea de la
13:40discapacidad intelectual o psicosocial
13:43justificada
13:45y justificándose excluyendo del padrón o
13:48restringir la participación de estas
13:50personas en la vida pública. La línea
13:52argumentativa constitucional parte de la
13:55premisa de que el derecho debe crear
13:58condiciones para el ejercicio de la
14:00voluntad, no sustituirlas.
14:03La Corte también ha reforzado el
14:05estándar de accesibilidad universal como
14:07componente del derecho a la igualdad. En
14:09términos doctrinales, esto implica que
14:11la accesibilidad electoral no es una
14:14política pública discrecional, sino una
14:16obligación constitucional derivada del
14:18artículo primero y del bloque de
14:19convencionalidad.
14:21Por cuanto hace el desarrollo
14:23jurisprudencial del Tribunal Electoral
14:24del Poder Judicial de la Federación,
14:26tendremos ustedes el que el Tribunal ha
14:28sido el órgano que más ha operado estos
14:31principios dentro de los procesos
14:33electorales concretos. Sus resoluciones
14:35han abordado tres ejes particulares:
14:38accesibilidad al voto, acciones
14:40afirmativas y eliminación de barreras
14:42institucionales. En diversos
14:44precedentes, la Sala Superior ha
14:45sostenido que las autoridades
14:47electorales tienen la obligación de
14:49garantizar condiciones reales de
14:51igualdad para las personas con
14:52discapacidad, siendo que estas puedan
14:54votar y ser votadas. Esto incluye la
14:57exigencia de ajustes razonables y la
14:58prohibición de criterios administrativos
15:00que bajo apariencia neutral
15:05excluyan indirectamente a personas con
15:07discapacidad. El tribunal ha señalado
15:09que la igualdad formal puede resultar
15:12discriminatoria cuando ignora
15:13condiciones estructurales.
15:16Un el elemento particularmente relevante
15:18en la práctica electoral mexicana es el
15:20reconocimiento de la asistencia para
15:22votar sin que ello comprometa la
15:24libertad del sufragio.
15:26El tribunal ha enfatizado que las
15:27medidas de apoyo deben diseñarse de
15:29manera que preserven la autonomía de la
15:32persona votante evitando prácticas
15:34paternalistas o intrusivas. Este
15:37criterio se alína con el artículo 29 de
15:39la Convención para eliminar todas las
15:41formas de discriminación para las
15:42personas con discapacidad y con la
15:44doctrina interamericana sobre la
15:46dignidad y la autodeterminación.
15:48Asimismo, el tribunal ha avalado la
15:51implementación de acciones afirmativas
15:53orientadas a ampliar la representación
15:56política de las personas con
15:57discapacidad. Aunque estas medidas son o
16:00están aún en desarrollo, el tribunal ha
16:04reconocido la suerreación histórica,
16:07puede justificar políticas diferenciadas
16:11siempre que sean proporcionales y en
16:15forma razonada. La implementación
16:18administrativa de políticas
16:21públicas electorales por parte del
16:24instituto. ¿Qué ha hecho el instituto al
16:26respecto? El INE ha sido el principal
16:29actor en la materialización práctica de
16:32los estándares de accesibilidad y
16:33participación política a través de
16:35lineamientos técnicos y protocolos
16:37operativos. Ha desarrollado medidas que
16:40busquen garantizar el ejercicio efectivo
16:42del sufragio por personas con alguna
16:45clase de discapacidad.
16:47Entre las acciones más relevantes que ha
16:49llevado a cabo el instituto se encuentra
16:51la instalación de casillas con criterios
16:54de accesibilidad física, incluyendo
16:56rampas, espacios amplios y señalización
16:59adecuada. La elaboración de materiales
17:01electorales accesibles como planillas en
17:03braile para las personas con
17:04discapacidad visual y formatos
17:07alternativos de información electoral.
17:10La capacitación del funcionario del
17:11electorado para brindar asistencia sin
17:13vulnerar la autonomía del votante, la
17:16implementación de herramientas
17:17tecnológicas orientadas a a reducir
17:21estas barreras comunicacionales y
17:24cognocitivas.
17:25Estas medidas pueden interpretarse como
17:27ejemplos de las medidas de nivelación y
17:29ajustes razonables aplicados en el
17:32ámbito y materia electoral. Lo relevante
17:36es que el INE ha comenzado a transitar
17:39ese enfoque de accesibilidad universal,
17:41es decir, a diseñar procesos inclusivos
17:44desde el origen y no solo mediante
17:46adaptaciones posteriores.
17:48Sin embargo, la doctrina especializada
17:51ha señalado que el desafío actual no es
17:53únicamente garantizar el derecho al
17:55voto, sino ampliar la participación
17:57política activa de estas personas. Esto
17:59implica que considerar la inclusión de
18:01las personas con discapacidad como
18:03candidatas funcionarias, electorales o
18:07integrantes de órganos de decisión, lo
18:09cual abre un campo de desarrollo
18:12jurisprudencial todavía en construcción.
18:16¿Cuáles son las tensiones y los desafíos
18:18actuales respecto a este grupo? El
18:20desarrollo mexicano revela una tensión
18:22constante entre la certeza electoral y
18:25la maximización de los derechos. Por
18:27ejemplo, la introducción de tecnologías
18:30digitales plantea preguntas sobre la
18:32accesibilidad cognocitiva y la seguridad
18:34del voto. La implementación de acciones
18:37afirmativas genera debates sobre la
18:39proporcionalidad y la representación
18:41auténtica y el reconocimiento de apoyos
18:43para la toma de decisiones obliga a
18:46repensar procedimientos tradicionales de
18:48verificación de identidad o voluntad.
18:52Desde una perspectiva constitucional, el
18:54reto principal consiste en consolidar un
18:57modelo de democracia inclusiva que no
18:59trate la discapacidad como excepción,
19:02sino como un parámetro estructural de
19:03diseño institucional.
19:06Esto implica avanzar desde políticas
19:08correctivas hacia una arquitectura
19:10electoral concebida desde la diversidad.
19:14Los problemas litigiosos frecuentes en
19:17materia electoral y derechos políticos
19:19de las personas con discapacidad se
19:21encuentran en el desarrollo normativo y
19:23jurisprudencial en México, el cual ha
19:25permitido visibilizar una serie de
19:28conflictos recurrentes que suelen llegar
19:30a la sede jurisdiccional.
19:32Estos problemas no se agotan en la
19:34accesibilidad material del voto, sino
19:37que involucran cuestiones mucho más
19:38profundas vinculadas con la igualdad
19:41sustantiva, la autonomía personal y el
19:44diseño institucional para efectos
19:46pedagógicos
19:48y argumentativos pueden agruparse en
19:51cuatro grandes ejes litigiosos.
19:54Uno, el de accesibilidad al voto y
19:56ajustes razonables. ¿Qué es esto? Uno de
19:59los conflictos más comunes gira en torno
20:01a la obligación de las autoridades
20:03electorales de garantizar que el
20:05ejercicio del sufragio sea accesible.
20:07Los litigios suelen plantear si la
20:09autoridad cumplió con su deber de
20:11instalar casillas accesibles,
20:13proporcionar materiales adecuados o
20:15implementar apoyos técnicos suficientes.
20:18El estándar que ha emergido desde el
20:20tribunal consiste en entender que la
20:22accesibilidad no es una medida operativa
20:24ni un beneficio administrativo, sino un
20:27elemento esencial del voto. La igualdad
20:30formal puede generar discriminación
20:32indirecta cuando las condiciones físicas
20:34o comunicacionales del proceso excluyen
20:36a personas con discapacidad. Por ello,
20:39los tribunales han insistido en que las
20:41autoridades deben adoptar ajustes
20:43razonables, siempre que sean necesarios
20:45para garantizar el ejercicio efectivo
20:47del derecho. El problema jurídico más
20:50delicado aparece cuando se discute el
20:53alcance de dichos ajustes. La autoridad
20:56suele invocar criterios de certeza
20:58electoral o limitaciones presupuestales,
21:01mientras que la parte actora argumenta
21:02que el estándar convencional obliga a
21:06adoptar medidas progresivas que
21:07prioricen la inclusión. En términos
21:10argumentativos, la clave está en
21:12demostrar que la ausencia de
21:13accesibilidad constituye una restricción
21:16desproporcionada al derecho político
21:18electoral.
21:20Ahora, otro ha sido el apoyo para la
21:22toma de decisiones y el secreto del
21:25sufragio. Un segundo eje litigioso se
21:28relaciona con la asistencia para votar y
21:31los modelos de apoyo a la toma de
21:33decisiones. Tradicionalmente el sistema
21:35electoral asumía que la presencia de un
21:38tercero podía comprometer la libertad
21:39del voto. Sin embargo, el paradigma
21:42derivado de la Convención de los
21:43Derechos de las Personas con
21:45discapacidad existe compatibilizar la
21:48autonomía y el apoyo. Los tribunales han
21:52tenido que resolver tensiones entre dos
21:54principios constitucionales
21:56importantísimos, el secreto del sufragio
21:58y el derecho a recibir asistencia. La
22:01tendencia jurisprudencial ha sido
22:03permitida apoyo siempre que no
22:05sustituyan la voluntad de la persona
22:07votante y que existan salvaguardas para
22:10evitar la coacción en el voto. Desde una
22:12perspectiva argumentativa, el litigio
22:14suele concentrarse en demostrar que
22:17negar la asistencia equivale a impedir
22:19el ejercicio del derecho al voto,
22:21mientras que permitirla sin controles
22:24puede generar riesgos para la
22:26autenticidad del mismo. Este tipo de
22:29casos obliga a utilizar categorías como
22:32ajustes razonables, autonomía personal y
22:35el consentimiento informal, trasladado a
22:38debates tradicionales del derecho civil
22:40y la capacidad jurídica en el ámbito
22:43electoral.
22:45Otro o otra de las tensiones han sido
22:49las acciones afirmativas y la
22:51representación política de las personas
22:53con discapacidad. Este se vincula con la
22:55adopción de acciones afirmativas para
22:58garantizar esta representación política.
23:00La discusión no solamente consiste en si
23:02dichas medidas constitucionalmente son
23:05válidas, sino en cómo deben diseñarse
23:08para evitar situaciones o candidaturas
23:10meramente simbólicas. El tribunal ha
23:13reconocido que la sobrrepresentación
23:15histórica puede justificar medidas
23:17diferenciadas, siempre que se estén
23:19sustentadas en una evidencia objetiva y
23:22respeten el principio de
23:23proporcionalidad. Sin embargo, la
23:25implementación práctica ha generado
23:27conflictos relacionados con la
23:29acreditación de la discapacidad,
23:31el riesgo de estigmatización y la
23:33tensión entre la inclusión y la
23:35autonomía personal. Desde una
23:37perspectiva doctrinal, estos litigios
23:39reflejan la transición desde un modelo
23:42correctivo hacia uno estructural que
23:45busca transformar la composición misma
23:47de los órganos representativos. El
23:49desafío argumentativo consiste en
23:51demostrar que las acciones afirmativas
23:53no vulneran la igualdad, sino que la
23:56materializan.
23:58Quizá otro de los problemas que también
24:00debemos tratar es la capacidad jurídica
24:03y las restricciones indebidas al
24:05ejercicio de derechos políticos. Este
24:07resulta el más complejo de todos y está
24:11relacionado con la capacidad jurídica de
24:13las personas con discapacidad
24:15intelectual o psicosocial.
24:17Históricamente, algunos sistemas
24:18jurídicos restringen el voto o la
24:21elegibilidad de las personas sujetas a
24:23figuras de tutela o interdicción.
24:26El estándar contemporáneo, sin embargo,
24:29ha evolucionado hacia el reconocimiento
24:31pleno de la capacidad jurídica con
24:34sistemas de apoyo en lugar de la
24:36sustitución de la voluntad. En México,
24:38este debate se ha visto influido por
24:41decisiones de la Suprema Corte que
24:43cuestionan los modelos tradicionales de
24:44incapacitación. Y en el ámbito
24:46electoral, el litigio suele plantearse
24:49cuando autoridades administrativas
24:51adoptan criterios rígidos que directa o
24:54indirectamente excluyen a personas con
24:56discapacidad del padrón o de
24:58candidaturas.
25:00El argumento central se construye a
25:02partir del principio de igualdad y del
25:05bloque de convencionalidad. Cualquier
25:07restricción basada exclusivamente en
25:09discapacidad debe superar un escrutinio
25:11reforzado.
25:13¿Cuáles son los problemas que se ve que
25:14están surgiendo? Que son estos problemas
25:17emergentes a solucionar, uno, la
25:19tecnología electoral y dos, la
25:21accesibilidad digital. Un ámbito cada
25:24vez más frecuente en el litigio se
25:25relaciona con la digitalización de los
25:27procesos. plataformas de registro de
25:30candidaturas, sistemas de capacitación
25:32virtual o modalidades del voto
25:35electrónico pueden generar nuevas
25:37barreras si no se diseñan con criterios
25:39de accesibilidad universal. El desafío
25:42jurídico consiste en demostrar la
25:44innovación tecnológica
25:46y que esta no puede justificar
25:49regresiones en materia de derechos
25:50humanos. La accesibilidad digital debe
25:53considerarse parte del contenido
25:55esencial del derecho de la participación
25:57política. lo que implica estándares
25:59técnicos específicos y la evaluación
26:02constante de este impacto. ¿Qué debemos
26:04considerar para concluir sobre este
26:06tema? Los litigios sobre derechos
26:08políticos de personas con discapacidad
26:10comparten una característica
26:12transversal. Obligan a repasar el
26:15equilibrio entre la certeza electoral y
26:17la maximación de los derechos. La
26:19tendencia jurisprudencial mexicana ha
26:21sido interpretar las normas electorales
26:24a la luz del principio de igualdad
26:25sustantiva y de los estándares
26:27internacionales, siempre reconociendo
26:29que la neutralidad normativa puede
26:31ocultar exclusiones estructurales.
26:36Estos problemas litigiosos permiten
26:38articular discusiones sobre el control
26:40de la convencionalidad, interpretación
26:42evolutiva de los derechos políticos y un
26:45diseño institucional inclusivo. Además,
26:48muestran como el derecho electoral
26:49contemporáneo ha dejado de ser un ámbito
26:52meramente procedimental para convertirse
26:55en un espacio central de realización de
26:57derechos humanos.
27:00El siguiente tema es el derecho de las
27:03niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo es la
27:05participación infantil y la libertad de
27:07expresión en esta materia y su
27:10protección respectiva? El tema nos exige
27:13partir de la premisa que suele incomodar
27:15al derecho electoral clásico. Aunque
27:17niñas, niños y adolescentes no ejercen
27:20por regla general el sufragio, sí son
27:23titulares plenos de derechos
27:24fundamentales y por lo tanto también son
27:27titulares de derechos de participación
27:29pública que funcionan como presupuesto
27:31democrático. En el sistema
27:33interamericano, la participación
27:35infantil no es una concesión pedagógica
27:37ni un instrumento de civismo. Es un
27:39derecho exigible cuya efectividad se
27:41mide por la existencia de canales reales
27:44para expresar opiniones, ser escuchados
27:46y que esas opiniones sean consideradas
27:49en decisiones públicas que les afectan.
27:52Ese es el puente con los derechos
27:53políticos. Una democracia que excluye
27:56sistemáticamente la voz de la niñez en
27:58asuntos que determina su vida cotidiana,
28:00termina produciendo decisiones políticas
28:03estructuralmente sesgadas.
28:06¿Cuál es el concepto jurídico de esta
28:07participación infantil y su diferencia
28:10con el voto? La participación infantil
28:13no debe confundirse con la titularidad
28:15de derechos electorales. La
28:17participación es una categoría
28:19transversal que comprende como mínimo
28:21tres contenidos. Uno, el derecho a
28:23expresar opiniones de manera libre. Dos,
28:26el derecho a ser escuchado en todo
28:28asunto que les afecte. Y tres, el deber
28:30estatal de tomar en cuenta esas
28:32opiniones de manera acorde con su edad y
28:34madurez. sin convertir esta cláusula en
28:37una excusa para o huír sin incidir.
28:41El sistema interamericano,
28:43desde un punto de arranque
28:46considera que
28:50desde la Corte Interamericana
28:53la afirmación de que las niñas, niños y
28:55adolescentes son sujetos de derechos y
28:57que el derecho a ser oído es una
28:59garantía fundamental de procedimientos
29:01administrativos o judiciales. La Corte
29:05Interamericana ha señalado esto. Esta
29:08lógica ha permeado el estándar
29:10contemporáneo. No basta con la
29:12formalidad de permitir hablar. Lo
29:14exigible es que existan mecanismos
29:16adecuadas para comprender, para valorar
29:19y responder lo que los niños, niñas y
29:21adolescentes expresan, cuáles son sus
29:24necesidades. La consecuencia
29:26metodológica es importante para esta
29:28especialidad.
29:30Tenemos que señalar que la participación
29:34infantil es seria.
29:38Sí, no solamente es conveniente,
29:41es un estándar mínimo de
29:43institucionalidad democrático.
29:46Se debe cumplir con esta garantía de
29:48protección y ejercicio.
29:51¿Okay? El derecho, lo que se protege es
29:55el derecho de participación y la
29:57libertad de expresión de este grupo.
30:01¿Okay? En el plano convencional, el
30:03núcleo de esto se integra en dos grandes
30:07bloques. Ojo, en el plano convencional,
30:12el derecho a ser oído y la libertad de
30:14expresión. ¿Qué implica cada uno de
30:17estas conceptualizaciones? El derecho a
30:19ser oído y a participar. La Corte
30:21Interamericana lo ha situado o lo define
30:25como garantía procedimental y
30:26sustantiva.
30:28Esta debe respetarse en todo
30:30procedimiento, siempre que incidan
30:33asuntos que impacten a la niñez. En
30:35México, esto se vincula directamente con
30:38los deberes de la debida diligencia
30:40reforzada.
30:42No escuchar
30:44implica una afectación estructural a la
30:47tutela efectiva e interés superior de la
30:51niñez.
30:53Por cuanto hace la libertad de
30:54expresión, acceso a la información y el
30:57ecosistema mediático digital, en el
30:59sistema interamericano, el derecho a la
31:01libertad de expresión y el acceso a la
31:02información tiene una protección
31:04robusta. Para la niñez, el desafío está
31:07en equilibrar dos obligaciones.
31:09Habilitar la expresión y a la vez
31:11proteger frente a la violencia,
31:14explotación, estigmatización
31:17a los niños, niñas y adolescentes. El
31:19informe Niñez, Libertad de Expresión y
31:21medios de comunicación de la Comisión
31:24Interamericana de Derechos Humanos de la
31:26Relatoría Especial, es particularmente
31:30útil porque fija estándares operativos
31:34como el rol del Estado como garante y
31:37facilitador, preventor de censura
31:40injustificada, responsabilidad del
31:42sector privado, alfabetización mediática
31:45y protección frente a los daños sin
31:47cancelar
31:49la y los derechos,
31:52facultades de los niños, niñas y
31:54adolescentes. Estos estándares son
31:56especialmente actuales por dos razones.
31:59La vida pública ya se desplazó hacia
32:01entornos digitales donde hay riesgos de
32:03violencia, discursos de odio,
32:05explotación y desinformación. Y la
32:08deliberación democrática es cada vez más
32:11medida por plataformas que no fueron
32:13diseñadas pensando en la niñez.
32:18¿Cuáles son los principios que se deben
32:19considerar? Uno, el interés superior de
32:22la niñez. Dos, autonomía progresiva.
32:25Tres, el deber de tomar en serio la voz
32:29infantil. La dogmática contemporánea
32:33suele organizarse alrededor de tres
32:35principios que además son de gran
32:37utilidad para el litigio.
32:40Uno, el interés superior de la niñez.
32:42Dos, la autonomía progresiva. Y tres, la
32:45no instrumentación. Cuando hablamos del
32:47interés superior, no es una cláusula de
32:50estilo ni un comodín para imponer la
32:53visión adulta. Opera como regla de
32:56decisión y de deber de inmovilización
32:58reforzada.
33:00Se debe motivar si una autoridad decide
33:03en sentido contrario a lo expresado por
33:05los las niñas, niños y adolescentes.
33:08Debe explicar el por qué, con base en
33:10evidencia y criterios de protección de
33:12derechos, no en instituciones y
33:15prejuicios.
33:16Cuando hablamos de autonomía progresiva
33:19implica que la capacidad de participar
33:21no aparece de golpe a los 18 años, se
33:24desarrolla jurídicamente. Esto exige
33:26diseñar procedimientos y espacios de
33:28participación acorde con la edad, la
33:31madurez de cada uno de estos de estas
33:34personas y prohíbe tratar a toda la
33:37niñez como un grupo homogéneo.
33:40No hablar de no un no una
33:43instrumentación. La participación no
33:45puede ser decorativa, no escuchamos para
33:48cumplir ni debe ser extractiva. Se usa
33:51su imagen o discurso para legitimar
33:53decisiones. El estándar real exige una
33:57incidencia, es decir, mecanismos que
34:00permitan retroalimentación, que se
34:02rindan cuentas y trazar
34:05una línea mínima, ¿no? Atendiendo a la
34:09voz infantil.
34:11Pero, ¿qué podemos hablar ya aplicado en
34:14México? En México el nuestro marco
34:17normativo se articula de la siguiente
34:21manera. La Constitución.
34:24La tutela se sostiene de manera directa
34:27en el artículo cuarto, principio del
34:29interés superior de la niñez y la
34:31libertad de expresión en los artículos
34:33sexto y séptimo, libertad y derecho a la
34:35información, que deben interpretarse en
34:38clave de niñez y no de obligaciones
34:41reforzadas de protección. La Ley General
34:44de los Derechos de las niñas, Niños y
34:45Adolescentes establece que el andamiaje
34:48legislativo principal reconoce a las
34:51niñas, a los niños y adolescentes como
34:53titulares de derechos, establece el
34:55derecho a participación y crea
34:56obligaciones para las autoridades. La
34:58versión vigente reforma, bueno, en la
35:02última reforma establecida el 15 de
35:05enero del 2026 confirma su actualidad
35:09normativa. Esto es útil para este curso,
35:13para mostrar que la participación no se
35:15trata de una política pública blanda,
35:18sino el derecho positivizado con
35:21obligaciones concretas. Esto es lo que
35:23refleja la legislación en materia de
35:25niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se
35:28lleva a cabo en la práctica
35:30institucional?
35:31En la participación pública no
35:34electoral, no electoral, la experiencia
35:37más relevante y sistemática es la
35:39consulta infantil y juvenil del INE, que
35:42se ha realizado en distintas ocasiones y
35:44que en el 2024 el propio instituto
35:47presentó como un espacio para niñas,
35:48niños y adolescentes ejercieran su
35:50derecho a participar y opinar sobre
35:53temas públicos. Además, habilitú una
35:56plataforma específica de socialización
35:58de resultados, lo que ayuda a reforzar
36:00el estándar de no instrumentación. La
36:03participación no incluye en levantar
36:05opiniones, sino en procesarlas,
36:07publicarlas y permitir que se se
36:10conviertan en insumos para decisiones de
36:13carácter público.
36:15Aquí hay un punto didáctico que es bien
36:18importante, ¿okay?
36:21y tiene que tener un valor
36:23constitucional.
36:25Es este mecanismo de participación.
36:28Las demandas infantiles
36:30nos deben enseñar cómo se debe llevar a
36:33cabo la tutela efectiva, sin reducirla a
36:35una cuestión de justiabilidad
36:39efectiva, institucionalidad, su
36:42metodología, accesibilidad,
36:44transparencia de resultados y
36:46retroalimentación. No solamente quedarse
36:48en una cuestión de justicia.
36:51Por cuanto hace la libertad de expresión
36:53de este grupo, ¿cuáles serían los
36:56estándares aplicables y cuáles son las
36:58tensiones típicas que existen en torno a
37:01este? En la práctica mexicana, los
37:03conflictos más frecuentes se concentran
37:05en tres escenarios. Uno, escuela y
37:07disciplina institucional, sanciones o
37:09restricciones que nombre del orden
37:12inhiben, critican, protestan o, sobre
37:15todo en condiciones de carácter escolar.
37:18El estándar interamericano exige
37:19distinguir entre la regulación legítima
37:22y censura y sobre todo exige
37:24proporcionalidad. La protección no puede
37:27vaciarse del derecho.
37:29Hablando de entornos digitales, la
37:31tentación regulatoria suele ser
37:33prohibicionista, es decir, se les
37:35prohíbe a los niños. Derivado de ¿qué?
37:39De un término sobre seguridad. El
37:42estándar adecuado es protección frente a
37:44la violencia hacia la explotación, una
37:46educación digital, medidas de seguridad,
37:49respuestas institucionales, sin suprimir
37:52por defecto la expresión y la
37:54participación de este grupo.
37:57Ahora, por lo que hace la participación
37:59en asuntos de carácter público y
38:01político y en medios, el informe de la
38:05Comisión Interamericana de Derechos
38:07Humanos subraya la obligación estatal de
38:10crear condiciones para el desarrollo
38:12real y efectivo de la personalidad y la
38:14vida de los niños, niñas y adolescentes,
38:17lo que incluye habilitar su expresión y
38:19participación, no solamente evitarles
38:22daños.
38:23La participación infantil y la libertad
38:25de expresión en el sistema mexicano.
38:28En el plano dogmático, el operativo
38:30exige traducir los estándares
38:32tradicionales y constitucionales en
38:34herramientas verificables de actuación
38:35pública y de litigio. En materia de
38:38niñas, niños y adolescentes. El desafío
38:40central consiste en demostrar que la
38:42participación no es una cláusula
38:44retórica, sino una obligación
38:46institucional medible.
38:48Para ello conviene estructurar el
38:50análisis en tres niveles: matriz de
38:53estándares aplicables, herramientas
38:56institucionales existentes y problemas
38:59prácticos, los cuales acabamos de ver
39:01con anterioridad.
39:03Cuando hablamos de matices, estándares
39:06aplicables, nos podemos referir desde el
39:09sistema interamericano al estándar, que
39:11es el derecho a ser escuchado y a
39:13participar en decisiones que afectan de
39:15manera directa a niñas, niños y
39:17adolescentes. Consolidado desde la
39:20opinión consultiva OC17/02
39:25de la Corte Interamericana. Este
39:27estándar establece que la participación
39:29no es discrecional, sino una garantía
39:31procedimental que obliga a diseñar
39:32mecanismos adecuados a la edad madurez
39:34de la persona menor de edad. A nivel
39:37constitucional mexicano, este mandato se
39:38articula principalmente en el artículo
39:40cuarto. En el Plano Legislativo, la Ley
39:43General de los Derechos de las Niñas,
39:44Niños y Adolescentes desarrolla de
39:46manera específica el derecho a
39:47participar, a opinar y a ser tomado en
39:50cuenta en asuntos que los afectan, así
39:51como la obligación de las autoridades de
39:53crear efectos reales de autonomía
39:57progresiva, lo que significa que la
39:59participación debe adaptarse a la
40:02evolución de las capacidades y no puede
40:04negarse por una sola condición etaria.
40:09¿Cuáles son las herramientas existentes?
40:11más visibles. Primero, en México es la
40:13consulta infantil y juvenil organizada
40:16por el INE, aunque no se trata de un
40:18ejercicio de carácter electoral,
40:21vinculante su relevancia constitucional
40:23radica en que constituye un canal
40:25institucionalizado de participación
40:27política. El valor jurídico de la
40:30consulta no se agota en el en
40:32reelecciones de opiniones. Desde una
40:34perspectiva de tutela efectiva, el
40:35elemento decisivo es la socialización y
40:38la utilización de resultados. Otra
40:40herramienta institucional es el Sistema
40:42Nacional de Protección Integral de
40:44Niñas, Niños y Adolescentes que ha que
40:46ha promovido esquemas de participación a
40:49nivel local y federal. ¿Cuáles son los
40:51problemas prácticos y litigiosos que
40:54existen en nuestro país? El primer
40:56problema es la simulación participativa.
40:58El segundo es el conflicto entre la
41:02libertad de expresión en los entornos
41:04escolares y los entornos digitales. En
41:06México se ha observado tensiones entre
41:08medidas disciplinarias y el derecho a
41:10opinar sobre asuntos de carácter
41:11público, especialmente cuando la
41:13expresión ocurre en redes sociales o
41:15espacios educativos. El estándar
41:17interamericano exige que las
41:19restricciones sean excepcionales,
41:21necesarias, proporcionales y eviten
41:23respuestas generalizadas de prohibición.
41:26Otro de los problemas se relaciona con
41:28el uso de plataformas digitales para la
41:31participación política.
41:33La expansión de mecanismos virtuales ha
41:35ampliado el alcance de la participación
41:37infantil, pero también ha evidenciado
41:39brechas tecnológicas y riesgos de
41:42explotación indirecta y exclusión
41:44indirecta.
41:47Para efectos pedagógicos tenemos que
41:49señalar que este estándar interamer
41:52existen no exige otorgar derechos a los
41:55niños y niños adolescentes antes de
41:57tiempo, pero se obliga a diseñar
41:59procesos públicos donde su voz tenga
42:01relevancia.
42:04Ahora, por último, cuando hablamos de
42:07las de las personas migrantes
42:09nacionalizadas y voto en el extranjero,
42:11este es un poco más pequeño porque el
42:14tratamiento sólido conviene tenemos que
42:16separar con rigor lo siguiente. Personas
42:18residentes mexicanas en el extranjero
42:20son ciudadanas y ciudadanos con derecho
42:22a votar y a participar, pero enfrentan
42:24barreras logísticas, registrales y
42:26tecnológicas. Cuando hablamos de
42:28personas por naturalización o con doble
42:30nacionalidad son ciudadanas y ciudadanos
42:33con derechos políticos plenos, pero el
42:35diseño constitucional introduce
42:38restricciones de legibilidad para
42:40ciertos cargos y funciones. Y cuando
42:42hablamos de personas migrantes
42:44extranjeras, es decir, no nacionales que
42:46viven o transitan en México, no suelen
42:48tener derecho al sufragio nacional, pero
42:51sí son titulares de derechos humanos y
42:53la Constitución establece además límites
42:56específicos sobre su injerencia en
42:57asuntos políticos. ¿Okay? La
43:00Constitución distingue entre
43:01nacionalidad y ciudadanía. No, no son lo
43:04mismo. La ciudadanía mexicana se
43:05adquiere por nacimiento, por
43:08naturalización. La ciudadanía política
43:10la se otorga después de 18 años de vivir
43:13en nuestro país. Las personas
43:15extranjeras, la regla es muy muy clara,
43:17gozan de los derechos humanos, pero no
43:19podrán de ninguna manera inmiscuirse en
43:21asuntos políticos de nuestro país.
43:24En cambio, las personas mexicanas
43:26naturalizadas o con doble nacionalidad,
43:29el problema no es la titularidad de
43:31derechos, sino los límites a la
43:32elegibilidad. El diseño constitucional
43:35reserva ciertos cargos que deben ser
43:38mexicanas por nacimiento y no pueden
43:40serlo por naturalización. Por en cuanto
43:43hace al voto de las mexicanas y
43:45mexicanos en el extranjero, la tutela
43:47efectiva no se agota en afirmar que
43:49pueden votar. El derecho se vuelve real
43:51si el Estado construye una arquitectura
43:53institucional que haga accesible el
43:55registro de la emisión del voto, el
43:58cómputo de garantías con certeza y
44:00secrecía. En México se aloja
44:03principalmente en lo que es la legipe
44:06esta posibilidad de votar y cuál es la
44:09relevancia constitucional.
44:14El INE cuenta con informes
44:16institucionales
44:17sobre este punto para documentar
44:20cómo se lleva a cabo el voto y la
44:23participación de los derechos políticos
44:26de las personas que residen en el
44:29extranjero.
44:32No solo se trata aquí de tratar las
44:35restricciones, sino vamos a a decir por
44:38último para concluir cuáles son los
44:39problemas que se encuentran.
44:42Uno, se usan
44:46terminologías como lealtad, seguridad o
44:50representación nacional en contra de
44:52estos votos de las personas en el
44:54extranjero. La pregunta es si estos
44:56pueden sostenerse hoy como un estándar
44:58de razonabilidad y de evidencia.
45:01también la proporcionalidad.
45:03Aún admitiendo que tengan un fin
45:06legítimo, la restricción que se les dé
45:08debe ser de carácter legítimo, no
45:11excesiva. No se puede excluir de manera
45:14absoluta a las personas nacionalizadas.
45:18¿Okay? Y la doble nacionalidad. Se prevé
45:22que la ley regule el ejercicio de
45:23derechos de mexicanas y mexicanos con
45:25nacionalidades
45:28duplicadas y establezca normas para
45:30evitar conflictos. Esto permite discutir
45:32con precisión que el problema no es
45:34tener una doble nacionalidad, sino el
45:36diseño de salvaguardas para evitar
45:39conflictos de intereses públicos. Y por
45:43último, las personas extranjeras,
45:45repito, tienen derechos humanos, pueden
45:48acceder al espacio público, pero existe
45:51una prohibición
45:53expresa de injerencia en casos de
45:57personas migrantes no nacionales.

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