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EDHyP GabyCossío F03 — Transcript

by Escuela Judicial Electoral · 4,321 words · 860 segments · language en · Watch on YouTube

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0:17Hola, el día de hoy hablaremos sobre la
0:21justicia electoral inclusiva.
0:24Trataremos una breve introducción.
0:27Ejemplos paradigmáticos del control de
0:29la convencionalidad en la justicia
0:30electoral. ¿Cuáles son los mecanismos de
0:33acceso a esta justicia? Acciones
0:35afirmativas y discriminación indirecta,
0:39así como la sentencia como un
0:40instrumento pedagógico jurídico.
0:45La noción de justicia electoral
0:47inclusiva surge como una respuesta
0:49crítica a las limitaciones de una
0:51concepción estrictamente formal del
0:53derecho electoral.
0:55Tradicionalmente, la justicia electoral
0:57se ha entendido como un conjunto de
0:58mecanismos jurisdiccionales destinados a
1:01garantizar la legalidad de los procesos
1:03electorales, la regularidad de los actos
1:06de las autoridades y la protección de
1:08los derechos políticoelectorales frente
1:10a violaciones directas. Esta concepción,
1:13aunque sea necesaria, resulta
1:16insuficiente cuando se analiza la luz de
1:18los contextos sociales caracterizados
1:21por desigualdades estructurales
1:23persistentes.
1:25Hablar de justicia inclusiva implica
1:27redefinir el alcance y la función de la
1:30jurisdicción electoral. Ya no se trata
1:33únicamente de verificar el cumplimiento
1:35formal de reglas del juego democrático,
1:38sino de preguntarse si estas reglas y su
1:41aplicación jurisdiccional permiten que
1:44todas las personas y grupos participen
1:46en condiciones reales de igualdad. En
1:49este sentido, la justicia electoral se
1:51vincula directamente con la igualdad
1:54material, la dignidad humana y el
1:56carácter independiente de los derechos
1:59humanos desarrollados en bloques
2:02anteriores.
2:03Desde una perspectiva teórica, la
2:05justicia electoral, inclusive aparte de
2:07una premisa central, la neutralidad
2:09formal del derecho puede producir
2:12efectos excluyentes cuando se aplica en
2:15contextos de desigualdad estructural.
2:18Si el órgano jurisdiccional se limita a
2:20tratar de manera idéntica situaciones
2:23que en los hechos son profundamente
2:25desiguales, corre el riesgo de legitimar
2:28exclusiones que no se presentan como
2:30prohibiciones expresas, sino como
2:32barreras indirectas acumulativas o
2:34sistemáticas. La inclusión entonces no
2:37se opone a la legalidad, la exige en un
2:40sentido mucho más amplio y sustantivo.
2:46¿Cómo la podemos conceptualizar? ¿Cómo
2:48podemos conceptualizar esta justicia
2:50electoral inclusiva? La podemos entender
2:53como un modelo de interpretación y
2:55decisión jurisdiccional que reconoce que
2:58los derechos políticos no se ejercen en
3:00el vacío, sino dentro de condiciones
3:03sociales, culturales, económicas y de
3:05poder que afectan de manera diferenciada
3:07a las personas. El juez electoral deja
3:11de ser un mero árbitro formal del
3:13proceso para convertirse en un en un
3:16garante activo de la igualdad sustantiva
3:19o material en materia política. y en su
3:22competencia, sin abandonar por ello los
3:25principios de legalidad, certeza y
3:28seguridad jurídica.
3:30Un elemento clave de este concepto es
3:33que la inclusión no se reduce al acceso
3:35al voto, sino que abarca el ciclo de
3:39derechos políticos, el derecho a
3:41participar, a ser votado, a participar y
3:46comp y y competir en condiciones de
3:50igualdad razonables, a poder ejercer el
3:53cargo sin violencia ni discriminación y
3:56a contar con recursos efectivos de
3:58defensa. electoral.
4:01Desde esta óptica, la justicia electoral
4:03inclusiva no protege únicamente los
4:05resultados electorales, sino
4:07trayectorias completas de participación
4:09política, especialmente
4:11de quienes históricamente han enfrentado
4:15barreras estructurales.
4:17La experiencia comparada y el desarrollo
4:19del derecho internacional de los
4:21derechos humanos ha demostrado que los
4:23órganos jurisdiccionales desempeñan un
4:25papel decisivo en las construcciones
4:28inclusivas.
4:29Cuando los tribunales asumen una lectura
4:32estrictamente formalista de igualdad,
4:35tienden a reducir el estatus cuo.
4:39Cuando, en cambio, interpretan los
4:40derechos políticos a la luz de la
4:42dignidad humana y de la igualdad
4:44sustantiva, pueden convertirse en
4:46agentes de transformación institucional
4:49sin sustituir al legislador, pero sí
4:52corrigiendo omisiones y prácticas
4:54excluyentes.
4:56En el caso mexicano, este debate
4:59adquiere especial relevancia debido al
5:01papel asumido por el Tribunal Electoral
5:03del Poder Judicial de la Federación en
5:05la evolución de criterios orientados a
5:08la protección reforzada de los derechos
5:10políticoelectorales de los grupos en
5:12situación de vulnerabilidad.
5:14La justicia electoral no surge aquí como
5:17una etiqueta retórica, sino como el
5:21resultado de toda una línea
5:22jurisprudencial progresiva que ha
5:25incorporado estándares de igualdad
5:27material, perspectiva de género, enfoque
5:31intercultural y control de la
5:33convencionalidad.
5:35¿Cuáles son las cuatro ideas
5:37fundamentales
5:38necesarias para entender esta justicia?
5:41Uno, la igualdad en materia electoral no
5:45puede agotarse en un trato idéntico,
5:47sino que debe evaluarse a partir de los
5:50efectos reales de las decisiones
5:52jurisdiccionales.
5:54Dos, los derechos políticos son
5:57especialmente sensibles a contextos de
5:59vulnerabilidad
6:01porque requieren mecanismos de
6:02protección reforzada.
6:04Tres, la jurisdicción electoral tiene un
6:07rol pedagógico transformador al definir
6:11estándares que orientan a la actuación
6:13de las autoridades y actores políticos.
6:16Cuatro. La inclusión democrática es una
6:19condición de legitimidad del sistema
6:21electoral, no una conexión o concesión
6:26conceptual. La justicia electoral no se
6:30en ella, no se debilita el principio
6:31democrático ni se introducen privilegios
6:35indebidos. Por el contrario, los
6:38fortalece al asegurar que la competencia
6:40política refleje en en la mayor medida
6:44posible el pluralismo social y la
6:46igualdad sustantiva que la Constitución
6:49promete. Esta introducción permite
6:51comprender por qué de las acciones
6:54afirmativas, del acceso a la justicia no
6:57puede hacerse desde un enfoque meramente
7:00técnico, sino desde una teoría robusta
7:03de derechos humanos y de democracia.
7:08Como ejemplos paradigmáticos del control
7:10de la convencionalidad dentro de la
7:12justicia electoral, tenemos la paridad
7:15en todo.
7:17El criterio conocido como la paridad en
7:19todo constituye uno de los ejemplos más
7:21claros y robustos del control de la
7:23convencionalidad desarrollados por el
7:25Tribunal Electoral del Poder Judicial de
7:27la Federación.
7:28A partir de una interpretación evolutiva
7:31del principio de igualdad, el tribunal
7:34sostuvo que la paridad de género no
7:36podía limitarse a candidaturas
7:38legislativas, sino que debía extenderse
7:41a todos los espacios de toma de
7:43decisiones, incluidos en ayuntamientos,
7:47gabinetes, órganos autónomos, cargos
7:50unipersonales, cuando el diseño
7:54normativo así lo permitiese.
7:58Este criterio no se apoya únicamente en
8:00el texto constitucional, sino que
8:03incorpora estándares internacionales
8:05derivados, particularmente de la idea de
8:08que la igualdad formal es insuficiente,
8:12que los estados están obligados a
8:14adoptar medidas positivas para eliminar
8:16la discriminación estructural contra las
8:19mujeres en la vida política.
8:23Aquí el control de la convencionalidad
8:26se manifiesta en forma clara. Uno, el
8:29tribunal interpreta la Constitución a la
8:31luz de los tratados internacionales,
8:34adopta una noción de igualdad sustantiva
8:37y reconoce que la ausencia de paridad
8:39reproduce una exclusión histórica
8:41incompatible con los compromisos
8:43internacionales del Estado mexicano.
8:47Otro ejemplo paradigmático son las
8:50acciones afirmativas a pueblos y
8:52comunidades indígenas. Esta es una línea
8:55jurisprudencial relativa a las acciones
8:57afirmativas para garantizar la
8:59representación política de pueblos y
9:02comunidades indígenas.
9:04Desde una perspectiva
9:07intercultural,
9:08en diversos asuntos, especialmente
9:10relacionados con candidaturas indígenas,
9:13el Tribunal Electoral sostuvo que exigir
9:16los mismos requisitos formales a
9:18personas indígenas sin considerar su
9:21contexto cultural, lingüístico y
9:23comunitario, podía generar una
9:24discriminación directa. Como decía, se
9:28trata de un control de la
9:29convencionalidad con un enfoque
9:32intercultural.
9:34El tribunal recurrió expresamente a
9:36estándares como el convenio 169 de la
9:39Organización
9:41Internacional
9:42de Tratados y la Jurisprudencia
9:45Interamericana para afirmar que la
9:47igualdad exige trato diferenciado cuando
9:50existen contextos culturales distintos.
9:53La participación política indígena debe
9:56evaluarse desde un enfoque
9:59intercultural, no desde parámetros
10:02exclusivamente occidentales
10:05o urbanos. El control de la convencional
10:08se expresa aquí en varios niveles:
10:12reconocimiento del derecho a la
10:13autoscripción indígena, flexibilización
10:16razonable de las cargas probatorias y la
10:19valoración del vínculo comunitario como
10:22elemento sustantivo del derecho
10:23político. Este criterio muestra como el
10:27tribunal utiliza tratados
10:29internacionales para reinterpretar
10:32categorías clásicas, evitando que la
10:36legalidad formal excluya a grupos
10:39históricamente marginados.
10:43Otro ejemplo ha sido la violencia
10:46política en contra de las mujeres por
10:48razón de género. Se trata de un control
10:51de la convencionalidad desde una
10:53perspectiva de derechos humanos.
10:56Antes de su regulación legal expresa, el
10:59tribunal ya había identificado ciertas
11:01conductas, aunque no tipificadas
11:04formalmente.
11:06Estas conductas inhibían el ejercicio al
11:08cargo, deslegitimaban la participación
11:11femenina y reproducían estereotipos de
11:14género.
11:16utilizó estándares internacionales como
11:18la como la convención de Belendo para
11:22sostener que el Estado tiene la
11:23obligación de prevenir, sancionar y
11:26erradicar prácticas que afecten el
11:29ejercicio efectivo de los derechos
11:31políticos de las mujeres.
11:35Aquí el control de la constitucionalidad
11:38se traduce en el reconocimiento de
11:40nuevas formas de violación de derechos
11:42políticos, ampliación del concepto de
11:45afectación y adopción de medidas de
11:48reparación y protección reforzada. Este
11:51desarrollo jurisprudencial en la obra
11:54del tribunal es un ejemplo de la
11:57justicia electoral, cómo anticipa y
12:00orienta al legislador a partir de
12:03obligaciones internacionales previamente
12:05asumidas por el Estado mexicano.
12:10Otro ejemplo sería el acceso a la
12:13justicia electoral y la flexibilización
12:17procesal. Pero, ¿qué es esto? es un
12:20control de la convencionalidad aplicado
12:22en materia procesal.
12:26Este cuarto ejemplo relevante en la
12:28línea de los criterios emitidos por el
12:31tribunal habla o denota el acceso
12:35efectivo a la justicia en nuestra
12:38materia, particularmente en casos de
12:40personas en situación de vulnerabilidad.
12:43El tribunal ha sostenido que el
12:46formalismo excesivo, la interpretación
12:48rígida de plazos, la exigencia de
12:51tecnicismos innecesarios pueden vulnerar
12:54el derecho al acceso a la justicia
12:57reconocido en instrumentos
12:59internacionales.
13:01Con base en estándares interamericanos
13:03sobre la tutela judicial efectiva, el
13:06tribunal ha flexibilizado las reglas
13:08procesales cuando la aplicación estricta
13:11impediría el análisis de fondo de
13:13violaciones de derechos
13:14políticoelectorales,
13:16especialmente
13:18cuando se trata de mujeres, personas
13:20indígenas, personas con discapacidad o
13:23actores con barreras estructurales de
13:26acceso.
13:28Este es un claro ejemplo del control de
13:29la convencionalidad en el ámbito
13:31procesal, donde el tribunal privilegia
13:34el derecho sustantivo sobre el
13:36formalismo
13:38legal, sin anular las reglas, pero
13:42interpretándolas de manera conforme a
13:46los tratados y la protección de
13:48derechos.
13:50sobre mecanismos de acceso a la justicia
13:55electoral.
13:57Este acceso constituye una condición
14:00indispensable para la vigencia real de
14:02los derechos políticoelectorales.
14:04Sin recursos jurisdiccionales efectivos,
14:07los derechos como al voto, a la
14:10participación político, o al acceso a
14:12cargos públicos se reducen a
14:14proclamaciones normativas en capacidad
14:16de corrección frente a abusos.
14:20exclusiones o deliberaciones
14:23arbitrarias. En este sentido, la
14:26justicia electoral inclusiva no puede
14:28entenderse únicamente como un sistema de
14:31resolución de controversias, sino como
14:33un dispositivo institucional que debe
14:36estar diseñado para ser accesible,
14:38comprensible y eficaz, especialmente
14:40para quienes enfrentan desventajas
14:42estructurales.
14:45Desde la teoría de los derechos humanos,
14:47el derecho al acceso a la justicia se ha
14:49configurado como un derecho
14:51instrumental, es decir, como un derecho
14:53cuya función es hacer exigibles los
14:55demás derechos. La Corte Interamericana
14:58de Derechos Humanos ha sostenido
15:00reiteradamente que los recursos
15:03judiciales deben ser no solamente
15:06formalmente existentes, sino adecuados y
15:09efectivos, lo que implica que su diseño
15:12y aplicación no generen obstáculos
15:14irrazonables o desproporcionados para
15:16personas que buscan la tutela en el
15:19ejercicio de sus derechos. Trasladado a
15:23nuestra materia, al ámbito electoral,
15:25este estándar adquiere una relevancia
15:27particular. Los procesos electorales se
15:30caracterizan por su rapidez, tecnicismo
15:33y alta carga formal, lo que puede
15:35convertir el acceso a la justicia en un
15:37privilegio para quienes cuentan con
15:39asesoría especializada, recursos
15:41económicos o conocimiento jurídico
15:43específico y avanzado. En este concepto,
15:46la función del órgano jurisdiccional no
15:49se agota en aplicar reglas procesales,
15:52sino que incluye la responsabilidad de
15:54evitar que el formalismo procesal se
15:56convierta en una barrera. estructural de
15:58exclusión.
16:01El tribunal ha desarrollado toda una
16:04línea interpretativa consistente en la
16:07que reconoce que el acceso a la justicia
16:09electoral debe analizarse desde una
16:11perspectiva sustantiva y no meramente
16:13formal. Esto significa que el tribunal
16:16ha entendido que el cumplimiento
16:18estricto de requisitos procesales no
16:21puede prevalecer cuando ello implica
16:23sacrificar la protección efectiva de los
16:25derechos políticoelectorales,
16:27especialmente en casos que involucran a
16:29personas o grupos en situación de
16:31vulnerabilidad.
16:34¿Cuáles han sido estos criterios?
16:37la flexibilización razonable de las
16:39reglas procesales, por ejemplo,
16:41particularmente en materia de
16:43legitimación, plazos, requisitos de
16:45procedencia, valoración de las pruebas.
16:48Esta flexibilización no supone la
16:50eliminación de reglas como hemos
16:52establecido, sino su interpretación
16:54conforme a los principios de la tutela
16:56judicial efectiva, igualdad sustantiva y
16:59propersona. De una manera o de esta
17:02manera, el tribunal ha buscado
17:04equilibrar la certeza jurídica
17:07con la necesidad de garantizar que las
17:10violaciones a los derechos no queden sin
17:12una respuesta por obstáculos meramente
17:16formales.
17:18Otro es la suplencia de la queja,
17:22entendida como una herramienta que
17:23permite al órgano jurisdiccional
17:26identificar violaciones a derechos, aún
17:29cuando no hayan sido planteadas con
17:31precisión técnica por la parte actora.
17:34En este contexto de justicia electoral
17:37inclusiva, la suplencia adquiere un
17:39sentido reforzado, no se justifica
17:41únicamente por razones de técnica
17:43procesal, sino como una medida
17:46correctiva frente a desigualdades
17:48estructurales de acceso al conocimiento
17:50jurídico. Así, el tribunal reconoce que
17:53el exigir el mismo nivel de
17:54argumentación técnica a todos los
17:56justiciables puede reproducir
17:58exclusiones incompatibles con la
18:00igualdad material.
18:04Otro criterio son establecer condiciones
18:08materiales y comunicativas adecuadas,
18:11esto es decir, en un lenguaje
18:14comprensible.
18:15La comprensión del procedimiento, de las
18:18resoluciones y las vías de defensa forma
18:21parte del derecho de acceso a la
18:23justicia. En este sentido, la adopción
18:25de criterios de lenguaje claro, la
18:28consideración de barreras lingüísticas o
18:29culturales y la atención a contextos
18:31específicos, por ejemplo, en casos de
18:34personas indígenas o con discapacidad,
18:36constituyen mecanismos que permiten que
18:39la justicia electoral no sea formalmente
18:42abierta, sino realmente accesible.
18:47Otro criterio, protección frente a las
18:49represalias o riesgos derivados de la
18:51participación política. El acceso a la
18:54justicia efectiva cuando acudir a los
18:57tribunales implica exponerse a
18:59violencia, estigmatización o sanciones
19:01informales. Por ello, los mecanismos de
19:04acceso deben ir acompañados de medidas
19:06de protección y garantías reforzadas,
19:09particularmente en contextos de
19:11violencia política o discriminación
19:14estructural. En estos casos, la
19:17intervención jurisdiccional no solo
19:20restituye derechos, sino que cumple una
19:22función preventiva y disuasoria.
19:26Desde una perspectiva del control de la
19:28convencionalidad, estos mecanismos se
19:30justifican en la obligación estatal de
19:32remover obstáculos estructurales que
19:33impiden el ejercicio de los derechos. El
19:36acceso a la justicia electoral, así
19:38entendido, deja de ser un mero trámite
19:41procesal y se convierte en un componente
19:43esencial en la democracia inclusiva. La
19:47función del juez electoral no solo es
19:48resolver conflictos, sino asegurar que
19:51el sistema electoral sea permeable a las
19:55reclamaciones de quienes históricamente
19:57han sido excluidos dentro de los
19:59espacios de poder. En síntesis,
20:03los mecanismos para facilitar el acceso
20:06a la justicia electoral reflejan una
20:08concepción sustantiva de la igualdad y
20:10de los derechos políticos. Al
20:12flexibilizar reglas, sufrir suplir
20:16deficiencias, atender conceptos de
20:18vulnerabilidad, priorizar la tutela
20:20efectiva sobre el formalismo, la
20:23justicia electoral inclusiva se
20:25consolida como un instrumento para
20:26democratizar el acceso al poder y a la
20:29protección jurisdiccional.
20:31Este enfoque no debilita la legalidad
20:34electoral, sino que la fortalece al
20:37asegurar que las reglas del sistema
20:39pueden ser cuestionadas y corregidas
20:42para todas las personas y no solo para
20:46quienes tienen mayores capacidades para
20:49hacerlo.
20:53Para esto es necesario hablar de
20:54acciones
20:56afirmativas y lo que denominamos
20:59discriminación.
21:00inversa. Las acciones afirmativas
21:03constituyen uno de los instrumentos más
21:05debatidos y a la vez más relevantes de
21:08la justicia electoral inclusiva. Su
21:10análisis exige una aproximación
21:12cuidadosa porque en ellas confluyen
21:15tensiones clásicas del
21:17constitucionalismo.
21:19igualdad y diferencia, universalidad y
21:22particularidad, neutralidad y
21:25diferencia,
21:28neutralidad y corrección de
21:31desigualdades estructurales. En nuestra
21:33materia, estas tensiones se manifiestan
21:36de manera especialmente
21:39intensa, dado que las acciones
21:41afirmativas inciden de manera directa en
21:44el acceso al poder político y en las
21:46reglas de competencia democrática.
21:50Desde una perspectiva teórica, estas
21:52acciones afirmativas pueden definirse
21:55como medidas temporales, razonables y
21:58proporcion proporcionales adoptadas por
22:01el Estado, con el fin de corregir
22:03desventajas estructurales que impiden a
22:05ciertos grupos ejercer sus derechos en
22:07condiciones reales de igualdad. Su
22:09finalidad no es otorgar eh
22:12reconocimientos inmerecidos, sino
22:14neutralizar efectos persistentes de
22:17discriminación histórica o estructural.
22:19En este sentido, las acciones
22:21afirmativas insertan plenamente en la
22:25lógica de la igualdad material
22:26desarrollada en los bloques anteriores.
22:30El debate sobre la legitimidad de estas
22:32medidas suele articularse en torno a la
22:34acusación de la discriminación inversa,
22:37entendida como el trato desfavorable
22:39hacia quienes no pertenecen a un grupo
22:41beneficiado. Sin embargo, esta objeción
22:45parte con frecuencia de una concepción
22:47puramente formal de igualdad. que ignora
22:49el contexto social en el que operan las
22:52normas. Desde la teoría de la justicia,
22:54tratar de manera idéntica situaciones
22:56estructurales desiguales no es neutral,
23:00sino que puede consolidar desigualdades
23:03preexistentes.
23:04Autores como Dorkin han sostenido que la
23:07igualdad exige igual consideración y
23:09respeto, no uniformidad normativa. Bajo
23:12esta óptica, el trato diferenciado está
23:15justificado cuando responde a
23:17diferencias relevantes que afectan la
23:19posibilidad real de ejercer los
23:21derechos.
23:22En el ámbito electoral, dichas
23:25diferencias se manifiestan en barreras
23:27económicas, culturales, lingüísticas, de
23:31género o de violencia que excluyen
23:33sistemáticamente a ciertos grupos de la
23:37representación política.
23:39Desde el derecho internacional de los
23:41derechos humanos, las acciones
23:42afirmativas cuentan con un respaldo
23:45normativo explícito. Instrumentos como
23:48la Convención sobre la eliminación de
23:50toda la clase de formas de
23:52discriminación contra la mujer reconocen
23:55que la adopción de medidas especiales de
23:56carácter temporal destinados a acelerar
24:00la igualdad de hecho no constituye una
24:03discriminación. Esta lógica ha sido
24:06extendida a otros grupos históricamente
24:08excluidos bajo la premisa de que la
24:11igualdad sustantiva requiere en
24:13ocasiones intervenciones diferenciadas
24:15por parte del Estado. En México, el
24:19Tribunal Electoral ha desempeñado un
24:21papel central en la legitimación
24:23constitucional y convencional de las
24:25acciones afirmativas en materia
24:27electoral. ¿A través de qué? Pues de su
24:30jurisprudencia. El tribunal ha sostenido
24:33que estas medidas no vulneran el
24:35principio de igualdad ni el derecho a
24:37ser votado de quienes forman no forman
24:40parte de estos grupos beneficiados,
24:42siempre que cumplan con ciertos
24:44parámetros de razonabilidad,
24:46proporcionalidad y una finalidad
24:49constitucionalmente válida.
24:53Uno de los aportes más importantes del
24:55tribunal ha sido desplazar el debate
24:57desde la idea del privilegio hacia la
24:59noción de la corrección estructural.
25:02El tribunal ha reconocido que la
25:03ausencia de acciones afirmativas puede
25:05producir un efecto discriminatorio
25:07indirecto al perpetuar patrones de
25:09exclusión histórica en la integración de
25:11órganos de representación.
25:13En este sentido, la omisión de medidas
25:16diferenciadas no es neutral, sino que
25:19puede resultar incompatible con el
25:22mandato de la igualdad sustantiva.
25:26La acusación de discriminación inversa
25:28pierde su fuerza cuando se analiza la
25:30función temporal y correctiva de las
25:32acciones afirmativas.
25:34Estas medidas no están diseñadas para
25:37instaurar un nuevo régimen permanente de
25:39exclusión, sino para modificar
25:41condiciones estructurales que impiden la
25:43competencia política en términos
25:45razonablemente equitativos.
25:48Desde esta perspectiva, la eventual
25:50afectación a una, valga la redundancia,
25:54expectativa individual, no alcance el
25:57umbral de una violación a derechos
25:59fundamentales en la medida en que
26:01responde a una finalidad constitucional
26:03legítima y a compromisos internacionales
26:06asumidos por el Estado mexicano.
26:10Siguiendo a Luigi Ferrayoli, él ofrece
26:12una clave interpretativa relevante al
26:15señalar que los derechos fundamentales
26:17imponen no solo prohibiciones al poder,
26:19sino también obligaciones positivas de
26:21garantía, especialmente frente a grupos
26:24estructuralmente desventajados.
26:26Las acciones afirmativas, así
26:28entendidas, no son excepcionales al
26:30sistema de derechos, sino son mecanismos
26:33de garantía reforzada orientados a hacer
26:36efectivos los derechos, que de otro modo
26:39quedarían neutralizados por
26:41desigualdades de carácter social. En
26:44materia electoral, este razonamiento
26:46cobra una dimensión adicional. La
26:49representación política cumple con una
26:51función simbólica y sustantiva en la
26:53democracia. Determina quién participa en
26:55la toma de decisiones y desde qué
26:59experiencias sociales se construyen las
27:01políticas públicas. Cuando ciertos
27:03grupos están sistemáticamente ausentes
27:05de los espacios de representación, la
27:08democracia se ve afectada no solo en
27:10términos de igualdad individual, sino
27:12también de pluralismo y legitimidad
27:14democrática. Las acciones afirmativas
27:17buscan corregir esta estas distorsiones,
27:21ampliando el espectro de voces.
27:24Las voces presentes en el debate y en el
27:27proceso político.
27:31El tribunal ha vinculado esta idea con
27:33el carácter dinámico y evaluable de las
27:35acciones afirmativas al exigir que estas
27:38medidas sean revisadas periódicamente y
27:41ajustadas conforme a su eficacia y
27:43necesidad.
27:45Se evita con esto una petrificación y se
27:48reduce el riesgo de estigmatización.
27:51De esta manera, las acciones afirmativas
27:54se conciben como un instrumento
27:56transitorio de transformación
27:57democrática, no como categorías físicas
28:00de diferenciación jurídica.
28:03En conclusión, estas acciones en materia
28:06electoral no constituyen una
28:08discriminación inversa cuando se
28:10analizan desde una concepción sustantiva
28:12de la igualdad, la dignidad humana y la
28:15justicia democrática. Por el contrario,
28:18representan una respuesta jurídicamente
28:20justificada a desigualdades
28:21estructurales persistentes
28:23orientada garantizar la inclusión
28:25efectiva de grupos históricamente
28:27excluidos del poder político. La
28:29justicia electoral inclusiva encuentra
28:31en ellas uno de sus mecanismos más
28:35potentes, siempre que se diseñen y
28:37apliquen con criterios de razonabilidad,
28:41proporcionalidad y cumplan con una
28:44finalidad constitucionalmente
28:47legítima, como lo hemos señalado en
28:49diversas ocasiones.
28:52Y el último tema, la sentencia, como un
28:56instrumento pedagógico.
28:59En esta concepción contemporánea de la
29:01justicia electoral inclusiva, la
29:03sentencia jurisdiccional no cumple
29:06únicamente una función resolutiva del
29:08conflicto en concreto. Va más allá de
29:11declarar la validez o no de un acto. La
29:14sentencia produce un significado,
29:17fija estándares de conducta y orienta a
29:20la comprensión social de los derechos
29:22políticos. En este sentido, podemos
29:25afirmar que la sentencia electoral
29:27cumple con una función pedagógica
29:30especialmente relevante en contextos de
29:32desigualdad estructural y de exclusión
29:35histórica.
29:37La idea de la sentencia como instrumento
29:39pedagógico político parte de reconocer
29:42que el derecho no opera solo a través de
29:45mandatos coercitivos, sino también
29:47mediante discursos normativos que
29:49influyen en la forma en que las
29:50autoridades, los partidos, los medios de
29:53comunicación y los límites al poder son
29:56necesarios. En materia electoral, esta
29:59dimensión pedagógica es particularmente
30:01intensa porque las decisiones
30:03jurisdiccionales inciden directamente en
30:06la configuración del espacio público y
30:08en las reglas de la competencia
30:10democrática.
30:12Desde una teoría constitucional, la
30:15función pedagógica de la jurisdicción se
30:17vincula con la concepción del juez como
30:20intérprete autorizado de las
30:21valoraciones constitucionales.
30:24Las sentencias no solamente aplican
30:26normas y leyes, sino que explican las
30:31razones por las cuales ciertas prácticas
30:33son compatibles o incompatibles con
30:36principios como la igualdad, la dignidad
30:38humana y la no discriminación.
30:41Este proceso o dentro de este proceso,
30:44el órgano jurisdiccional contribuye a
30:46socializar estándares democráticos,
30:49especialmente cuando estos no encuentran
30:52plenamente o no se encuentran plenamente
30:54interiorizados por los actores
30:56políticos.
30:58Cuando hablamos en el ámbito de la
31:00justicia electoral inclusiva, esta
31:02función adquiere un sentido particular.
31:06Cuando el tribunal explica por qué una
31:08medida aparentemente neutral produce
31:10efectos excluyentes o porque una acción
31:13afirmativa no constituye un privilegio
31:15indebido, la sentencia cumple con una
31:17tarea pedagógica esencial,
31:21desmontar lecturas formalistas de la
31:23igualdad y sustituirlas por una
31:25comprensión sustantiva de los derechos
31:27políticos.
31:29De esta forma, la decisión
31:30jurisdiccional no se limita a corregir
31:34una violación puntual, sino que previene
31:37futuras conductas discriminatorias
31:40al redefinir el marco interpretativo.
31:45El tribunal ha desarrollado esta
31:47dimensión pedagógica de manera
31:49progresiva. En múltiples resoluciones
31:52podemos encontrar que no solo ha
31:54ordenado medidas concretas, sino que ha
31:56dedicado amplios razonamientos a
31:58explicar el sentido de la igualdad
32:00material, la finalidad de estas acciones
32:03afirmativas, el alcance de la paridad de
32:05género o la relevancia del enfoque
32:09intercultural hacia las comunidades o
32:11pueblos indígenas. Estos razonamientos
32:14cumplen una función formativa dirigida
32:18tanto a las autoridades electorales como
32:20a los partidos políticos y a la
32:22ciudadanía en general. La pedagogía
32:26judicial también se manifiesta en la
32:27construcción de narrativas jurídicas que
32:31visualizan contextos de discriminación
32:33estructural.
32:35Al nombrar explícitamente fenómenos como
32:37la violencia política, la exclusión
32:39histórica o las barreras culturales. La
32:42sentencia contribuye a que estos
32:43problemas sean reconocidos como
32:45cuestiones jurídicas, problemas
32:47relevantes
32:49y como o no como meros conflictos
32:53sociales, políticos, económicos ajenos
32:56al derecho. Este acto de nombrar y
32:59calificar jurídicamente
33:01tiene efectos simbólicos profundos.
33:05Incorpora estas problemáticas al
33:08lenguaje legítimo de los derechos.
33:12El derecho internacional,
33:15hablando de esta función pedagógica,
33:18encuentra respaldo en la idea de que las
33:20decisiones judiciales deben cumplir y
33:23contribuir con la garantía de no
33:25repetición.
33:27Una sentencia que explica con claridad
33:30por qué una práctica es incompatible con
33:32los derechos humanos, no solo repara la
33:34víctima, sino que orienta la actuación
33:38futura de las autoridades y de los
33:40particulares. En nuestra materia, esta
33:43orientación es clave para formar
33:45prácticas arraigadas que reproducen
33:47exclusión aún cuando no estén
33:50formalmente prohibidas.
33:54también cumple con una función
33:56democrática más amplia, cual refuerza la
34:01legitimidad del sistema electoral cuando
34:03las decisiones jurisdiccionales son
34:05comprensibles, razonadas y coherentes
34:08con los principios de la justicia
34:10inclusiva sustantiva,
34:13contribuyen a generar confianza en las
34:16instituciones y a mostrar que el sistema
34:18cuenta con mecanismos efectivos para
34:20corregir desigualdades.
34:22En cambio, sentencias excesivamente
34:25formalistes, crípticas, que pueden
34:28profundizar en mayores cuestiones
34:31legales hacen que la justicia se vuelva
34:34inaccesible o distante desde las
34:37experiencias reales de la exclusión.
34:41Un aspecto central de esta función
34:44pedagógica es que no se dirige
34:46únicamente a grupos en situación de
34:48vulnerabilidad, sino también a quienes
34:50detentan posiciones de poder. ¿Cómo? Al
34:53fijar estándares claros sobre la
34:55igualdad, la paridad, la no
34:56discriminación y el acceso a la
34:58justicia, la sentencia interpela a
35:00partidos, autoridades y actores
35:02políticos, recordándoles que la
35:05competencia democrática está sujeta a
35:07límites derivados de la dignidad humana
35:10y de los compromisos constitucionales y
35:13convencionales, de los cuales es parte
35:15el Estado mexicano. Y finalmente, la
35:18sentencia como instrumento pedagógico
35:22político permite cerrar el círculo
35:25conceptual que vimos en el tema tres. La
35:30justicia electoral inclusiva no se agota
35:33en la adopción de medidas procesales
35:35sustantivas,
35:37requiere una producción
35:39discursiva coherente que explique,
35:42legitime y proyecte esas medidas hacia
35:44el futuro. En este sentido, la sentencia
35:47se convierte en un vehículo de
35:49transformación democrática.
35:52No impone una visión ideológica, sino
35:54que educa jurídicamente sobre el
35:57significado profundo de la igualdad y de
35:59la participación política en la vida
36:02democrática constitucional.
36:06Concebir la sentencia electoral como un
36:09instrumento pedagógico político implica
36:12reconocer que la jurisdicción electoral
36:14no solo resuelve controversias, sino que
36:17construye una cultura democrática. A
36:19través de sus razonamientos, el tribunal
36:21define qué significa participar en
36:24igualdad, cómo se construyen
36:27desigualdades estructurales, cómo se
36:30corrigen, por qué la inclusión no es una
36:33excepción, sino una exigencia del Estado
36:36constitucional de derecho. Con ello, la
36:39justicia electoral inclusiva despliega
36:43su dimensión más profunda, no solo
36:46proteger derechos, sino transformar la
36:49comprensión social de la democracia.

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