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EDHyP Gaby Cossío F004 — Transcript

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0:17Hola, el día de hoy platicaremos sobre
0:21el reconocimiento y tutela efectiva de
0:23derechos de colectivos en situación de
0:26vulnerabilidad.
0:28Los puntos a tratar son los siguientes.
0:31Introducción
0:33sobre el tema del reconocimiento y la
0:35tutela judicial efectiva
0:38sobre derechos de las mujeres, derechos
0:41de los pueblos y comunidades indígenas y
0:45derechos de personas adultas mayores,
0:48así como los derechos de las personas de
0:50la comunidad LGBTT
0:53y U+.
0:56Dentro de la introducción veremos que el
0:59reconocimiento
1:02de estos colectivos en situación de
1:04vulnerabilidad dentro del derecho
1:06internacional de los derechos humanos
1:08responde a la necesidad de superar una
1:11concepción meramente formal de la
1:13igualdad. Tradicionalmente,
1:16los sistemas constitucionales liberales
1:20partieron del supuesto de que todas las
1:22personas
1:23concurren al espacio público en
1:26condiciones equivalentes.
1:29Sin embargo, la evolución del derecho
1:31internacional evidenció que determinados
1:34grupos enfrentan barreras estructurales
1:37que limitan el ejercicio real de los
1:39derechos políticos, ya sea por razones
1:42de carácter histórico, de exclusión,
1:45patrones estructurales de discriminación
1:48o desigualdades socioeconómicas
1:50persistentes.
1:52De ahí que la tutela efectiva no se
1:55agote en la prohibición abstracta de
1:57discriminación.
1:59sino que exige la adopción de medidas
2:01positivas orientadas a garantizar la
2:04participación sustantiva en la vida
2:06democrática.
2:09En el sistema interamericano, el
2:10concepto de vulnerabilidad
2:13no aparece como una categoría rígida o
2:15taxativa, sino como una noción
2:18relacional que se desprende de la
2:21interpretación conjunta de los artículos
2:24primero, párrafo primero y 24 de la
2:27Convención Americana de Derechos
2:29Humanos.
2:30La Corte Interamericana ha sostenido de
2:33manera reiterada que el deber de
2:35garantía implica adoptar acciones
2:37diferenciadas cuando ciertas personas o
2:40colectivos enfrentan obstáculos
2:43específicos para el goce de sus
2:44derechos. Esta construcción
2:47jurisprudencial se ha consolidado a
2:49partir de casos que el tribunal ha
2:51identificado
2:53y situaciones de discriminación
2:57estructural, señalando que la igualdad
3:00material
3:01requiere medidas estatales reforzadas.
3:06Bajo esta lógica, la vulnerabilidad no
3:09define una condición inherente a las
3:12personas, sino el resultado de contextos
3:15sociales que generan desventajas
3:18sistemáticas.
3:20La doctrina interamericana ha vinculado
3:23directamente esta perspectiva con el
3:26ejercicio de los derechos políticos en
3:28el artículo 23 de la Convención
3:30Americana.
3:32Dicho precepto no solamente protege el
3:34derecho a votar y de ser votado, sino
3:37también la participación en la dirección
3:40de los asuntos públicos en condición de
3:43igualdad. La Corte ha señalado que la
3:46participación política efectiva
3:48presupone la eliminación de cualquier
3:51clase de obstáculo que, aunque
3:53formalmente neutro, produce impactos
3:57diferenciados en ciertos grupos.
4:00En consecuencia,
4:03el estándar convencional exige que los
4:05estados adopten acciones afirmativas
4:08cuando el resultado de ello resulta
4:11necesario para corregir desigualdades
4:15históricas.
4:16Siempre dichas medidas deben ser
4:19razonables, proporcionales y orientadas
4:22a garantizar la inclusión democrática.
4:26Esta concepción ha tenido una recepción
4:30progresiva en el orden jurídico
4:32mexicano, especialmente a partir de la
4:35reforma constitucional del año 2011 y
4:38del desarrollo jurisprudencial de la
4:40Suprema Corte y del Tribunal Electoral
4:42del Poder Judicial de la Federación. La
4:44incorporación del principio por persona
4:46y el control de la convencionalidad ha
4:49permitido que los estándares
4:50interamericanos permen
4:54la interpretación de los derechos
4:56políticoelectorales,
4:58dando lugar a criterios que reconocen la
5:00legitimidad constitucional de medidas
5:03diferenciadas,
5:04como son las acciones afirmativas
5:08para mujeres, pueblos indígenas,
5:11personas pertenecientes a la comunidad.
5:14LGQT más. En este contexto, la tutela
5:20efectiva se extiende como la obligación
5:21de diseñar mecanismos institucionales
5:25que no prevengan la exclusión,
5:28sino que promuevan condiciones reales de
5:31acceso y permanencia en los espacios de
5:34la representación política.
5:37Un elemento central en la evolución de
5:38esta materia es el tránsito de una
5:40visión individualizada hacia una
5:42comprensión cultural de los derechos. La
5:45igualdad formal expresada en reglas
5:47permanentemente o aparentemente
5:50neutrales puede perpetuar desigualdades
5:53cuando se ignoran las condiciones reales
5:56en la que determinados colectivos
5:58ejercen sus derechos. Por ello, tanto la
6:00doctrina especializada como la
6:02jurisprudencia interamericana han
6:04incorporado enfoques de
6:05interseccionalidad
6:07que permite analizar
6:10como distintas categorías de
6:13discriminación se superponen entre sí y
6:16generan escenarios complejos de
6:18exclusión política.
6:20Este este enfoque resulta
6:22particularmente relevante al estudiar
6:25los derechos de mujeres indígenas,
6:27personas adultas mayores con
6:29discapacidad o integrantes de la
6:31comunidad LGBTT y Q+ que enfrentan
6:35múltiples
6:37formas de marginación.
6:40Desde esta perspectiva de la tutela
6:42judicial efectiva, el reconocimiento de
6:44los grupos en situación de
6:45vulnerabilidad también implica redefinir
6:47los estándares probatorios y las
6:49obligaciones argumentativas de las
6:51autoridades.
6:52La Corte Interamericana ha establecido
6:54que cuando existe un contexto de
6:56discriminación estructural, los órganos
6:59estatales deben adoptar una diligencia
7:01reforzada. ¿Para qué? Para investigar,
7:04sancionar y reparar violaciones a los
7:07derechos políticos.
7:09En el ámbito mexicano, esta exigencia se
7:12ha traducido en criterios que obligan a
7:15las autoridades electorales analizar con
7:18perspectiva de género, interculturalidad
7:21y diversidad sexual, los conflictos
7:24vinculados con el acceso al poder
7:26público. Finalmente, es importante
7:29subrayar que la categoría de
7:31vulnerabilidad no puede utilizarse como
7:33una justificación para limitar derechos,
7:36sino exclusivamente como fundamento de
7:39ampliar una protección.
7:43La finalidad última de las medidas
7:45diferenciadas no es crear regímenes
7:47especiales permanentes, sino generar
7:50condiciones que permitan alcanzar una
7:53igualdad sustantiva en el ejercicio de
7:56la ciudadanía política.
7:57Bajo esta premisa se desarrollan los
7:59siguientes apartados en los que
8:01analizaremos desde el sistema
8:03interamericano y su proyección en México
8:06la tutela específica de los derechos
8:08políticos de las mujeres, de los pueblos
8:11y comunidades indígenas, de las personas
8:13adultas mayores y las personas
8:15pertenecientes a la comunidad LGBTT y
8:18Q+.
8:21Pero hablando ya propiamente en el
8:23ámbito de los derechos de las mujeres,
8:26el reconocimiento de las mujeres dentro
8:28del sistema interamericano constituye
8:30uno de los ámbitos en los que con mayor
8:32claridad se observa la transición desde
8:34una igualdad formal hacia un modelo de
8:36igualdad sustantiva.
8:38Históricamente, el acceso de las mujeres
8:42al espacio público estuvo condicionado
8:44por estructuras jurídicas y culturales
8:46que limitaron su participación política.
8:49Aún después del reconocimiento del
8:51sufragio femenino,
8:53la doctrina especializada ha señalado
8:56que la exclusión no desaparece con la
9:00neutralidad normativa, sino que
9:02persisten medidas y prácticas
9:05institucionales, patronales,
9:07socioculturales que restringen la
9:09representación política femenina.
9:12Autoras como Alda Facho y Flavia
9:15Piobesán han explicado que la
9:18discriminación estructural exige
9:21reinterpretar el principio de igualdad
9:24desde una perspectiva transformadora,
9:27capaz de cuestionar los modelos
9:28tradicionales de ciudadanía que fueron
9:31construidos sobre parámetros masculinos.
9:34En el ámbito convencional, la protección
9:36de los derechos políticos de las mujeres
9:38se articula a partir de la Convención
9:40Americana sobre los Derechos Humanos,
9:42particularmente por lo que hace sus
9:44artículos primero, párrafo primero, 23 y
9:4624. En relación con la Convención de
9:48Belén Dupara y la Convención sobre la
9:50eliminación de todas las formas de
9:52discriminación en contra de la mujer. La
9:55Corte Interamericana ha desarrollado
9:56toda una línea jurisprudencial en la que
9:58se reconoce que la violencia y la
10:01discriminación de género afectan
10:02directamente a la participación
10:04política.
10:06La Convención Interamericana de Derechos
10:08Humanos ha ha profundizado esta
10:11perspectiva al señalar que la sub
10:14representación política de las mujeres
10:16constituye una forma de discriminación
10:18democrática. En informes temáticos sobre
10:21participación política y violencia
10:23contra las mujeres, la Corte
10:24Interamericana de Derechos Humanos ha
10:26sostenido que los Estados deben adoptar
10:28medidas afirmativas para corregir
10:30desigualdades históricas. Esta postura
10:33coincide con la doctrina de Roberto
10:35Gargalela y Víctor Ambrochit, quienes
10:39han argumentado que la democracia
10:40constitucional exige mecanismos
10:42institucionales que amplíen la voz de
10:45los grupos tradicionalmente
10:46discriminados o marginados, ya que la
10:48mera apertura formal del sistema
10:50político no garantiza la igualdad real.
10:55¿Qué sucede en México?
10:57En el orden jurídico mexicano,
10:59especialmente a partir de la reforma del
11:012011 y de la consolidación del principio
11:04de paridad de género, el Tribunal
11:06Electoral
11:07ha sostenido que la paridad no
11:09constituye una concesión excepcional,
11:13sino una exigencia derivada del
11:15principio de igualdad sustantiva y el
11:17deber de no discriminación.
11:20Por su parte, la Suprema Corte ha
11:21validado constitucionalmente las
11:23acciones afirmativas en materia
11:25electoral bajo el argumento de que
11:26buscan corregir desigualdades
11:28estructurales y que no implican
11:30privilegios indebidos. Este enfoque sí
11:33se encuentra aliado con la doctrina
11:35feminista jurídica latinoamericana
11:37que entiende las cuotas y la paridad
11:40como herramientas temporales destinadas
11:42a transformar las reglas del juego
11:44democrático.
11:46Un aspecto central en la evolución
11:48reciente del derecho interamericano es
11:50el reconocimiento de la violencia
11:52política contra las mujeres como una
11:55forma específica de violación de los
11:57derechos humanos. Diversos instrumentos
12:00regionales y pronunciamientos de la de
12:03la Corte Interamericana de Derechos
12:04Humanos han subrayado que la violencia
12:06política no solamente afecta a las
12:09mujeres individualmente consideradas,
12:11sino que impacta la calidad misma de la
12:13democracia al desalentar la
12:15participación femenina. Desde una
12:18perspectiva doctrinal, como Marcela
12:20Lagarde ha explicado que la violencia
12:22política se circunscribe o se inscribe
12:25en un en una continua violencia de
12:28género que busca preservar estructuras
12:31de poder tradicionales.
12:34En México esta concepción ha influido en
12:37reformas legislativas que tipifican la
12:39violencia política en razón de género y
12:41en criterios jurisdiccionales que
12:43obligan a las autoridades electorales a
12:45analizar los casos con una perspectiva
12:49de género. La tutela efectiva de los
12:51derechos políticos de las mujeres
12:53también ha implicado redefinir los
12:57estándares de interpretación judicial.
12:59La Corte Interamericana ha señalado que
13:01los órganos jurisdiccionales deben
13:04incorporar la perspectiva de género como
13:06herramienta metodológica
13:08para identificar desigualdades ocultas
13:13detrás de normas aparentemente
13:16neutrales. Este estándar ha sido
13:18retomado por la Suprema Corte de
13:20Justicia Mexicana en diversas decisiones
13:24en las que reconoce que la igualdad
13:25sustantiva exige examinar el contexto
13:28estructural en el que se ejercen los
13:30derechos. Desde el punto de vista
13:32doctrinal, esta aproximación se vincula
13:34con las propuestas de Catherine
13:38Mcinon
13:40y Kimberly Kensop, particularmente en lo
13:42relativo a la interseccionalidad, que
13:45permite comprender cómo la
13:46discriminación por género puede
13:49combinarse con otros factores como la
13:52pertenencia étnica, la edad y la
13:54orientación sexual.
13:57Finalmente, el reconocimiento de los
13:59derechos políticos de las mujeres dentro
14:01del sistema interamericano ha
14:03transformado esta concepción clásica de
14:06representación democrática. La
14:08participación política femenina ya no se
14:10analiza únicamente desde la óptica del
14:12sufragio, sino también desde el efectivo
14:16acceso a los cargos públicos,
14:19la permanencia en ellos y la posibilidad
14:22real de ejercer sus funciones sin
14:25violencia ni discriminación.
14:27La doctrina contemporánea sostiene que
14:29la igualdad en la representación no solo
14:31beneficia a las mujeres, sino que
14:34fortalece la legitimidad democrática al
14:37ampliar la pluralidad de voces en la
14:39toma de decisiones.
14:42En nuestro contexto, la consolidación
14:45del principio de paridad y la
14:46incorporación de estándares
14:48interamericanos refleja un proceso de
14:50constitucionalización progresiva de los
14:52derechos de las mujeres en el que la
14:55tutela judicial efectiva se convierte en
14:58un instrumento clave para garantizar la
15:01participación política. ¿En qué? En
15:04condiciones reales de igualdad.
15:07La evolución de los derechos de las
15:09mujeres en México puede comprenderse
15:11como un proceso gradual de de
15:14constitucionalización progresiva que
15:16transita desde el reconocimiento formal
15:19del sufragio hasta la construcción de un
15:21modelo de democracia paritaria.
15:24¿Cómo se lleva a cabo? mediante reformas
15:26constitucionales, ajustes legales,
15:29litigio estratégico y una intensa labor
15:32interpretativa de las autoridades
15:34electorales y jurisdiccionales.
15:38¿Cuál es el enfoque histórico para que
15:40nos demos una idea de lo que estamos
15:42hablando?
15:44La primera gran con el modelo excluyente
15:47ocurrió con la reforma publicada el 17
15:50de octubre de 1953,
15:54mediante el cual se reconoció a las
15:55mujeres el derecho de votar y ser
15:57votadas en elecciones federales.
16:00Este cambio implicó la incorporación
16:02formal de las mujeres a la ciudadanía
16:04política, aunque en términos materiales
16:07no transformó de inmediato la estructura
16:09del poder. El sufragio femenino
16:12representó un punto de partida, pero
16:14insuficiente, porque la participación
16:17efectiva continuó limitada por factores
16:19sociopolíticos y por la ausencia de
16:21mecanismos que corrigieran la
16:23desigualdad estructural. La propia
16:25evolución comparada muestra que el
16:28reconocimiento del voto no produjo
16:31automáticamente representación política
16:33equilibrada.
16:35Durante varias décadas posteriores a
16:381957,
16:40perdón, 53,
16:42la participación femenina avanzó
16:45lentamente.
16:46Fue hasta la década de los 90s cuando
16:48comenzó una fase de reformas orientadas
16:51a inducir acciones afirmativas dentro
16:52del mismo sistema electoral. En 1996 se
16:56estableció por primera vez una regla que
16:58limitaba a un máximo de 70% de
17:01candidaturas del mismo género, lo que en
17:03términos prácticos significó la
17:06introducción de una cuota aproximada del
17:0730% para mujeres. Este modelo representó
17:11el tránsito de la igualdad formal hacia
17:13la igualdad correctiva, pues partía el
17:15reconocimiento de reglas neutrales
17:18reproducidas la reproduciéndose la
17:20sobrere representación femenina.
17:23Con la reforma del 2002 se fortalece
17:26este esquema al convertir
17:29en obligación jurídica lo que antes era
17:32una simple recomendación,
17:34además de introducir mecanismos como la
17:36alternancia en listas de representación
17:38proporcional y sanciones para los
17:40partidos que incumplieran con esta
17:43regla. Sin embargo, la práctica política
17:45mostró que las cuotas podrían ser
17:47eludidas mediante estrategias como la
17:49postulación de mujeres en distritos
17:51perdedores o el uso de figuras
17:53sustitutas, lo que dio origen a una
17:56etapa de litigio estratégico que fue
17:58determinante para el desarrollo de la
18:00jurisprudencia del Tribunal Electoral.
18:03Desde una perspectiva doctrinal, este
18:05periodo confirma lo señalado por las
18:07autoras Jennifer Piscopo y por
18:10organismos internacionales. Las cuotas
18:13constituyeron un laboratorio
18:15institucional que permitió evidenciar
18:18las resistencias estructurales dentro
18:20del sistema político.
18:23Ya en el 2008 se consolidó el tránsito
18:26hacia un modelo más exigente al
18:28establecer que ningún género podía
18:31exceder el 20% de candidaturas, es
18:33decir, una cuota cercana al 40%. Esta
18:38modificación no solo incrementó la
18:39presencia femenina, sino que redefinió
18:42la lógica de las acciones afirmativas al
18:45pasar de medidas simbólicas a mecanismos
18:48de cumplimiento obligatorio. La
18:50evolución normativa coincidió con una
18:53mayor intervención del tribunal para
18:55cerrar vacíos o espacios legales que
18:58permitían a los partidos evadir las
19:00cuotas, fortaleciendo así la eficiencia
19:03del principio de igualdad sustantiva.
19:06El verdadero punto de inflexión se
19:09produjo en la reforma constitucional
19:12en materia políticoelectoral del año
19:152014. En ese momento se abandonó
19:18progresivamente
19:20el lenguaje de cuotas
19:22para adoptar el principio de paridad de
19:25género en la postulación de candidaturas
19:28legislativas federales y locales.
19:31Esta transformación conceptual tuvo
19:33profundas implicaciones. La paridad dejó
19:37de concebirse como una acción afirmativa
19:39transitoria para convertirse en un
19:41principio estructural de nuestro sistema
19:42democrático.
19:44La reforma introdujo mecanismos como la
19:47alternancia obligatoria en listas
19:48plurinominales y las exigencias de
19:50distribución equilibrada de candidaturas
19:52en los distritos competitivos, lo que
19:55respondió directamente a criterios
19:57jurisprudenciales
19:59previos que habían identificado
20:01prácticas simuladas de cumplimiento.
20:05A partir de ese momento se desarrollaron
20:07doctrinas jurisdiccionales
20:09particularmente relevantes en México
20:11como la paridad vertical y la paridad
20:13horizontal. en la integración de
20:15ayuntamientos para cargos locales. Estas
20:19categorías no surgieron únicamente de
20:21legislador, sino del diálogo entre
20:23tribunales electorales, organismos
20:25administrativos y actores políticos.
20:28La paridad vertical se orientó a
20:30garantizar la alternancia de género
20:32dentro de las planillas, mientras que la
20:34paridad horizontal buscó evitar que los
20:36partidos concentraran candidaturas
20:39femeninas solo en municipios o distritos
20:42con menor probabilidad de triunfo. Este
20:45desarrollo jurisprudencial evidencia
20:48características distintivas del modelo
20:51mexicano. La paridad no fue solo una
20:53reforma normativa,
20:55sino una construcción interpretativa de
20:58carácter dinámico.
21:00El proceso culmina en términos
21:03normativos
21:05con la reforma constitucional del 2019,
21:07conocida por todos nosotros como la
21:09paridad en todo. Esta modificación
21:13amplió el alcance del principio de
21:14paridad más allá del ámbito legislativo
21:17para abarcar a los poderes ejecutivo,
21:20legislativo y judicial. así como órganos
21:22autónomos y niveles de gobierno federal
21:25y local. La reforma consolidó la idea de
21:28que la igualdad de género no es una
21:31política sectorial, sino un eje
21:33transversal del Estado constitucional
21:35mexicano. A partir de entonces, la
21:38paridad dejó de limitarse a candidaturas
21:41para convertirse en un parámetro de
21:43integración institucional.
21:45El desarrollo posterior ha demostrado
21:47que la paridad en todo plantea nuevos
21:51retos interpretativos,
21:53especialmente respecto de los cargos
21:55unipersonales o no colegiados, como la
21:58presidencia de la República,
21:59gubernaturas o presidencias municipales.
22:02La discusión contemporánea gira en torno
22:04hacia este principio de paridad puede
22:06exigir ajustes en la distribución de
22:09postulaciones en las entidades
22:11federativas o procesos electorales
22:13sucesivos.
22:15Este debate ha sido impulsado por
22:17criterios jurisdiccionales
22:19que buscan materializar la igualdad
22:21sustantiva, incluso en espacios
22:23tradicionalmente masculinizados, lo que
22:26lo que confirma que la evolución de los
22:28derechos políticos de las mujeres no ha
22:31concluido, sino que se encuentra en una
22:34fase de expansión interpretativa.
22:37Desde una perspectiva doctrinal o como
22:39lo señala la doctrina, el caso mexicano
22:42es un ejemplo paradigmático de cómo un
22:44sistema electoral puede transitar de
22:46cuotas mínimas a un modelo de democracia
22:48paritaria constitucionalizada.
22:52La secuencia histórica, es decir,
22:54sufragio, cuotas, paridad legislativa y
22:57paridad en todo, refleja una
22:59transformación progresiva del concepto
23:02representación política alineada con
23:04estándares interamericanos sobre la
23:06igualdad y no discriminación.
23:09Al mismo tiempo, pone de manifiesto que
23:11la tutela efectiva de los derechos
23:13políticos de las mujeres depende tanto
23:15del diseño normativo como de la
23:18actuación activa de los tribunales en la
23:20interpretación del principio de igualdad
23:22sustantiva.
23:26Nos quedamos con la evolución del
23:28sufragio,
23:30cuotas, paridad legislativa y paridad en
23:33todo. y actualmente una interpretación
23:37activa paritaria.
23:41Hablemos ahora de los derechos de
23:43pueblos y comunidades indígenas.
23:46El reconocimiento de los derechos
23:48políticos de los pueblos y comunidades
23:50indígenas dentro del sistema
23:51interamericano representa uno de los de
23:54más desarrollados y significativos en la
23:56evaluación contemporánea del derecho
23:59internacional de los derechos humanos. A
24:01diferencia de otros colectivos, cuya
24:03protección se articula principalmente a
24:06partir del principio de igualdad y no
24:07discriminación, la tutela de los pueblos
24:10indígenas incorpora, además el
24:11reconocimiento de la diversidad
24:13intercultural, la autonomía, el
24:16pluralismo jurídico como elementos
24:18estructurales del orden democrático.
24:21El punto de partida se encuentra
24:22previsto en los artículos primero,
24:24párrafo primero, segundo, 23 y 24 de la
24:27Convención Americana de los Derechos
24:29Humanos, interpretados a la luz del
24:31artículo 21 relativo a la propiedad
24:33colectiva y el convenio 129 de la
24:35Organización Internacional del Trabajo.
24:38La Corte Interamericana ha sostenido que
24:40los pueblos indígenas no solo son
24:43titulares de derechos individuales, sino
24:45también de derechos de carácter
24:46colectivo que inciden directamente en la
24:49organización política y en la
24:50participación democrática.
24:53La doctrina especializada en este tema,
24:55particularmente autores como James
24:57Anaya, Raquel y Bigoyen y Bartolome
25:00Clavero han señalado que el
25:02reconocimiento de estos derechos exige
25:04abandonar la visión homogénea del Estado
25:06nación y avanzar hacia modelos de una
25:10democracia realmente intercultural.
25:14El precedente más emblemático en materia
25:16de derechos indígenas es el caso Yatama
25:18contra Nicaragua, en donde o más bien en
25:21esta sentencia la Corte Interamericana
25:23estableció que la imposición de
25:24requisitos electorales diseñados sin
25:26considerar las propias formas de
25:28organización política indígena puede
25:30constituir una violación al artículo 23
25:33de la Convención Americana. El tribunal
25:35sostuvo que la igualdad política no se
25:38satisface mediante reglas uniformes
25:40cuando estas desconocen las
25:41particularidades culturales de los
25:42pueblos indígenas. La racio dichendi del
25:46caso radica en reconocer que el acceso a
25:48la participación política debe
25:49garantizarse en condiciones
25:51culturalmente adecuadas, lo que implica
25:54flexibilizar estructuras institucionales
25:56que históricamente han excluido a las
25:58comunidades indígenas de la
26:00representación formal. Este enfoque se
26:02vincula estrechamente por el principio
26:04del pluralismo jurídico desarrollado
26:06ampliamente en la doctrina
26:07latinoamericana. Raquel Irigoyen ha
26:10explicado que el pluralismo jurídico no
26:12supone la fragmentación del orden
26:14constitucional, sino es un requimiento
26:17mediante el reconocimiento de sistemas
26:19normativos propios que coexisten dentro
26:21del mismo Estado. En materia
26:24políticoelectoral, ello se traduce en la
26:26posibilidad de que los pueblos indígenas
26:27ejerzan sus derechos políticos a través
26:30de mecanismos compatibles con sus
26:31tradiciones, siempre que se respeten los
26:34estándares fundamentales de los derechos
26:36humanos. La Corte Interamericana ha
26:38reiterado que la democracia
26:39representativa no puede interpretarse de
26:42manera rígida cuando ello implica
26:44desconocer la diversidad cultural
26:46protegida por el derecho internacional.
26:49Ha reforzado la línea argumentativa
26:51mediante informes temáticos que
26:52identifican la subrepresentación
26:54indígena como una manifestación de
26:56exclusión cultural y estructural. Según
26:59estos estándares, la tutela efectiva de
27:01los derechos políticos indígenas
27:03requiere medidas diferenciadas que
27:05incluyan circunscripciones especiales,
27:07acciones afirmativas y reconocimiento de
27:10sistemas normativos propios.
27:13Víctor Ambrochis y Courtis han señalado
27:16que estas medidas no constituyen
27:17privilegios, sino mecanismos correctivos
27:20orientados a garantizar una
27:22participación política real en contextos
27:25históricamente marcados por la
27:27desigualdad. El artículo segundo
27:29constitucional, ya refiriéndonos
27:31propiamente a nuestro país, reconoce el
27:35derecho de los pueblos indígenas a la
27:37libre determinación y la autonomía para
27:39decidir sobre sus formas internas de
27:42convivencia y organización política, lo
27:44que ha permitido el desarrollo de
27:46modelos de elección por sistemas
27:48normativos internos en diversas
27:50entidades federativas, particularmente
27:53el caso de Oaxaca. ¿Por qué Oaxaca?
27:55Porque Oaxaca es una de las entidades
27:57federativas en donde más comunidades
27:59indígenas tenemos asentadas.
28:02La jurisprudencia del Tribunal Electoral
28:04del Poder Judicial de la Federación ha
28:06sostenido que estos sistemas no
28:08constituyen excepciones marginales
28:12al régimen democrático, sino expresiones
28:15legítimas de pluralismo político que
28:17deben interpretarse conforme a la
28:20Constitución y a los tratados
28:21internacionales.
28:23Uno de los debates más relevantes en la
28:25doctrina mexicana se refiere a la
28:28tensión entre la protección de la
28:30identidad cultural y la garantía de los
28:31derechos individuales dentro de estas
28:33comunidades. Diego Baladés y Miguel
28:36Carbonel doctrinarios han señalado que
28:39el reconocimiento de sistemas normativos
28:41indígenas debe equilibrarse con
28:43protección de principios
28:44constitucionales como la igualdad de
28:46género y la tutela judicial efectiva.
28:49Este este dilema o esta tensión o este
28:52problema ha sido abordado por los
28:54tribunales mediante el uso de la
28:55perspectiva intercultural
28:58que busca armonizar el respeto a la
29:00autonomía comunitaria con los estándares
29:03universales de los derechos humanos. La
29:05evolución reciente también incorporar al
29:07concepto consulta previa. Todos hemos
29:10escuchado este término de consulta
29:12previa como elemento esencial para la
29:14participación política indígena. La
29:16Corte Interamericana, en los casos del
29:18pueblo de GICA contra el Ecuador ha
29:21señalado que la consulta no es un mero
29:23trámite administrativo, sino un derecho
29:24sustantivo vinculado con la
29:26autodeterminación.
29:28En nuestro país, este estándar ha sido
29:29retomado en criterios jurisdiccionales
29:32que obligan a las autoridades
29:33electorales a consultar a las
29:35comunidades cuando se adopten decisiones
29:37que puedan afectar sus formas de
29:39organización política o su
29:41representación.
29:42Desde una perspectiva estructural, la
29:45tutela efectiva de los derechos de los
29:47pueblos indígenas implica reconocer la
29:49igualdad democrática no puede ser ni
29:53construirse exclusivamente desde
29:54parámetros mayoritarios. La inclusión
29:57política indígena exige mecanismos que
29:58permitan la coexistencia de diferentes
30:00formas de representación dentro del
30:03Estado constitucional. La doctrina
30:05contemporánea ha señalado que esta
30:06transformación no debilita nuestra
30:09democracia, sino que la fortalece al
30:12ampliar el pluralismo y reconocer esta
30:14diversidad cultural como un elemento
30:16constitutivo de nuestro ordenamiento
30:19jurídico o del orden jurídico mexicano.
30:22En suma, el desarrollo interamericano y
30:25su proyección en México evidencian que
30:27los derechos de los pueblos indígenas no
30:29se limitan al acceso individual al
30:32sufragio o a cargos públicos. sino que
30:34abarcan el derecho colectivo a
30:36participar en la vida política conforme
30:38a sus propias instituciones y
30:40tradiciones. Este enfoque redefine
30:45toda la noción de ciudadanía política
30:47desde una perspectiva intercultural en
30:50la que la tutela judicial efectiva se
30:52convierte una vez más en un instrumento
30:55indispensable para equilibrar la
30:57autonomía, igualdad y pluralidad dentro
31:00del Estado democrático contemporáneo
31:03mexicano.
31:06Una vez concluido el tema sobre las
31:08comunidades y pueblos indígenas,
31:11conoceremos el tratamiento respecto de
31:14las personas
31:16adultas mayores.
31:19A diferencia de otros colectivos,
31:22cuya protección normativa se consolidó
31:25desde etapas tempranas del
31:27constitucionalismo contemporáneo, la
31:29tutela específica de las personas
31:32mayores surge a partir del
31:34reconocimiento del el envejecimiento
31:37poblacional como fenómeno estructural y
31:40de la necesidad de replantar los modelos
31:42tradicionales de ciudadanía política.
31:44Durante décadas, la edad fue considerada
31:48únicamente como un criterio
31:49administrativo para delimitar derechos,
31:52por ejemplo, la edad mínima para votar,
31:54pero no como una categoría susceptible
31:56de generar desigualdades estructurales
31:59que requieran medidas diferenciadas. La
32:02evolución doctrinal y convencional ha
32:04transformado esta perspectiva, colocando
32:07a las personas adultas mayores dentro
32:09del debate sobre la igualdad sustantiva
32:12y la participación democrática
32:13inclusiva.
32:16La Convención Interamericana sobre
32:18Protección de los Derechos de las
32:19personas adultas mayores adoptada en el
32:222015 reconoce expresamente el derecho a
32:24la participación integración comunitaria
32:26y política en condiciones de igualdad.
32:28Este instrumento amplía la comprensión
32:31clásica del artículo 23 de la Convención
32:34Americana sobre Derechos Humanos al
32:36introducir una dimensión específica
32:39vinculada al envejecimiento digno. La
32:42doctrina especializada, particularmente
32:44en los trabajos de Mónica Pinto y Santra
32:46Huechichchun,
32:48han señalado que la protección de las
32:50personas mayores no debe interpretarse
32:52desde una lógica
32:55asistencionalista.
32:57sino desde un paradigma de
32:59envejecimiento activo que concibe a las
33:03personas mayores como sujetos plenos de
33:05derechos y agentes relevantes en la
33:07esfera pública.
33:09Luigi Ferrayoli y Norberto Bobio, desde
33:12una perspectiva completamente doctrinal,
33:15ya advertían que la evolución de los
33:17derechos fundamentales implica la
33:19ampliación progresiva de sujetos
33:20protegidos conforme cambian las
33:23condiciones sociales. En el caso de las
33:26personas adultas mayores, esta expansión
33:27se vincula con el principio de dignidad
33:29humana y con el reconocimiento de que la
33:31democracia constitucional debe
33:34garantizar la participación de todas las
33:36generaciones.
33:38La literatura contemporánea sobre
33:41gerentología jurídica ha enfatizado que
33:44la exclusión política basada en la edad
33:47reproduce una forma de discriminación
33:50estructural conocida como edadismo.
33:56Es un concepto ampliamente desarrollado
33:58por Robert Butler y posteriormente
34:00incorporado en debates jurídicos sobre
34:02los derechos humanos.
34:04Aunque la Constitución en nuestro país
34:07no contiene un desarrollo tan detallado
34:09como el que existe en otros grupos en
34:11situación de vulnerabilidad, el
34:13principio de igualdad y no
34:14discriminación establecido en el
34:16artículo primero de nuestra Constitución
34:18ha servido como fundamento para
34:20políticas públicas y criterios
34:22jurisdiccionales orientados a garantizar
34:25la accesibilidad electoral.
34:27El Instituto Nacional Electoral y los
34:29Organismos Públicos Locales han adoptado
34:32medidas para facilitar el voto de
34:34personas adultas mayores como mecanismos
34:36de asistencia, ajustes razonables en las
34:39casillas electorales y campañas de
34:42inclusión política. Estas acciones
34:44reflejan una comprensión progresiva de
34:46la tutela efectiva que trasciende la
34:48mera formalidad del sufragio.
34:51Uno de los debates más relevantes en la
34:52doctrina constitucional mexicana se
34:54refiere al alcance del principio de
34:56igualdad. frente a las regulaciones que
34:58establecen límites de edad para ocupar
35:01cargos públicos determinados. Algunos
35:04autores como Miguel Carbonel han
35:06planteado que tales restricciones deben
35:08analizarse bajo un escrutinio estricto
35:10cuando puedan generar una exclusión
35:13injustificada.
35:15Desde la perspectiva interamericana,
35:17cualquier distinción basada en edad debe
35:19justificarse mediante criterios
35:21objetivos y razonables, lo que abre la
35:23puerta a cuestionar normas que bajo el
35:26argumento de la eficiencia
35:28administrativa puedan restringir la
35:30participación política de personas
35:32mayores sin una base suficiente.
35:38La tutela efectiva de los derechos de
35:39las personas adultas mayores se
35:41relaciona con la accesibilidad cognitiva
35:44y tecnológica.
35:46La transformación digital de los
35:48procesos democráticos, incluyendo
35:50campañas en redes sociales, mecanismos
35:52de información electrónica y consultas
35:55públicas virtuales ha generado nuevas
35:57formas de exclusión directa. Organismos
36:00internacionales han señalado que los
36:02estados deben adoptar medidas para
36:05cerrar estas brechas digitales que
36:07afectan de manera desproporcionada a las
36:09personas mayores. En este sentido,
36:13Abromovic y Cortis señalan sobre las
36:16obligaciones positivas se resulta
36:19especialmente pertinente que subrayen la
36:21garantía de derechos que requieren
36:24acciones estatales destinadas a remover
36:28estos obstáculos. estructurales.
36:31Otro elemento central de la dimensión
36:33interseccional del envejecimiento es que
36:36las mujeres adultas mayores, las
36:38personas mayores indígenas o quienes
36:40pertenecen a la comunidad LGBTT y Q+
36:44pueden enfrentar múltiples capas de
36:46discriminación que impactan su
36:47participación política.
36:49Kimberly Cho ha explicado que la
36:52interseccionalidad permite visibilizar
36:54con distintas categorías de desigualdad
36:57redefinen la experiencia jurídica de los
36:59sujetos.
37:00Aplicado al contexto de las personas
37:02mayores, este enfoque obliga a diseñar
37:04políticas públicas y decisiones
37:06jurisdiccionales
37:08que consideren las diversas realidades
37:11dentro del propio colectivo.
37:14En términos democráticos, la inclusión
37:15política a las personas adultas mayores
37:17tiene implicaciones más amplias que el
37:19sistema acceso al voto. La doctrina
37:22sobre el envejecimiento activo impulsada
37:25por organismos como la Organización
37:27Mundial de la Salud y retomada en
37:29estudios jurídicos latinoamericanos
37:31sostiene que la participación política
37:33contribuye al bienestar individual y
37:35fortalece la legitimidad institucional
37:38al integrar perspectivas generacionales
37:41diversas en la toma de decisiones
37:42públicas.
37:44Este planteamiento se alínea con la
37:46evolución del sistema interamericano en
37:48modelos de democracia inclusiva, en
37:50donde la diversidad, incluida la
37:52diversidad
37:54etraria
37:56denominada eta,
37:59etaria, es decir, sobre la edad, se
38:03considera un valor constitucional.
38:06En síntesis o en resumen, el
38:08reconocimiento de los derechos políticos
38:10de las personas adultas mayores dentro
38:11del sistema interamericano y su
38:13proyección en México refleja una amplia
38:17una ampliación
38:19una amplitud progresiva del concepto de
38:22ciudadanía democrática. La transición
38:25debe se debe tener desde una visión
38:29pasiva de la bajez hacia un enfoque
38:32basado en derechos, permitiendo
38:34visualizar obstáculos estructurales que
38:37antes permanecían invisibles en el
38:39debate jurídico. La tutela efectiva en
38:42este ámbito no se limita a garantizar el
38:44sufragio, sino que exige crear
38:47condiciones reales para la participación
38:49política plena, incorporando ajustes
38:51razonables, medidas inclusivas y una
38:54interpretación constitucional que
38:56reconozca a la edad como una dimensión
38:59relevante de igualdad sustantiva.
39:03Y por último, sobre los derechos de las
39:06personas de la comunidad LGBTT
39:09y Q+.
39:12El reconocimiento de los derechos
39:13políticos de las personas pertenecientes
39:15a esta comunidad dentro del sistema
39:17interamericano se ha desarrollado a
39:20partir de la reinterpretación progresiva
39:22del principio de igualdad y no
39:24discriminación en la orientación sexual,
39:26la identidad y la expresión de género,
39:29siendo reconocidas como categorías
39:31protegidas por la Convención Americana
39:33sobre Derechos Humanos. A diferencia de
39:35otros colectivos, cuya protección
39:37normativa se consolidó mediante
39:39instrumentos específicos desde etapas
39:41tempranas, la tutela de los derechos de
39:44la diversidad sexual y de género han
39:46emergido principalmente a través de la
39:48evolución jurisprudencial y doctrinal,
39:52lo que ha permitido una expansión
39:53gradual del concepto de ciudadanía
39:56política inclusiva.
39:58El punto de partida convencional se
40:00encuentra en el artículo primero,
40:02párrafo primero y 24 de la Convención
40:04Americana, cuya interpretación evolutiva
40:07por parte de la Corte Interamericana ha
40:09permitido integrar expresamente la
40:11orientación sexual y la identidad de
40:13género como categorías sospechosas de
40:16discriminación.
40:17El caso de Atala Rifo y Niñas contra
40:20Chile marcó un precedente decisivo al
40:22establecer que la orientación sexual
40:24forma parte del ámbito protegido por el
40:26principio de igualdad. Aunque litigio se
40:29centraba en derechos familiares,
40:32la razo dischandy del tribunal tuvo
40:34implicaciones directas en el ejercicio
40:36de los derechos políticos al afirmar que
40:38los estados no pueden adoptar medidas o
40:42decisiones basadas en prejuicios
40:44estereotipos sobre la diversidad sexual.
40:48Posteriormente, la opinión consultiva
40:5124/27
40:54consolidó el estándar al reconocer
40:58que la identidad de género y la
40:59orientación sexual están amparadas por
41:02la protección convencional, obligando a
41:04los estados a garantizar el acceso
41:06igualitario a derechos políticos. Desde
41:09la doctrina especializada, autores como
41:11Piobesán,
41:13Ambrobovic,
41:15Bernard Pulido, han señalado que el
41:17reconocimiento jurídico de las personas
41:19pertenecientes a esta comunidad implica
41:21una transformación profunda del
41:23paradigma democrático, ya que cuestiona
41:25estructuras normativas basadas en
41:28concepciones heteronormativas
41:30tradicionales.
41:32La literatura académica ha insistido en
41:34que la exclusión política de personas
41:37pertenecientes a la diversidad sexual no
41:39siempre se manifiesta mediante
41:41prohibisiones explícitas, sino a través
41:43de prácticas sociales, discursos
41:45estigmatizantes y barreras
41:47institucionales que limitan el acceso a
41:50cargos públicos y espacios de
41:52deliberación política.
41:54En este sentido, la igualdad sustantiva
41:56exige adoptar medidas orientadas a
41:59remover obstáculos estructurales y a
42:00garantizar entornos libres de violencia
42:02y de discriminación.
42:05La Convención Interamericana de Derechos
42:07Humanos ha desarrollado informes
42:09temáticos que vinculan directamente la
42:11violencia basada en orientación sexual o
42:13identidad de género con la participación
42:15política. Estos documentos señalan que
42:17la violencia política hacia las personas
42:19pertenecientes a la comunidad tiene un
42:20efecto inhibidor que trasciende a las
42:23víctimas individuales y afecta la
42:25pluralidad democrática en su conjunto.
42:28Desde esta perspectiva, la tutela
42:29efectiva de los derechos políticos no
42:31puede limitarse únicamente a reconocer
42:33formalmente el derecho a votar o a ser
42:35votado, sino que debe incluir políticas
42:38públicas y mecanismos institucionales
42:40que prevengan la discriminación y
42:42garanticen condiciones reales de
42:44participación.
42:46Pero, ¿qué pasa en nuestro país? En el
42:49contexto mexicano, la recepción de
42:50estándares interamericanos ha sido
42:52progresiva y se ha visto influida por el
42:55desarrollo jurisprudencial de la Suprema
42:57Corte de Justicia de la Nación y del
42:58Tribunal Electoral. A partir de la
43:01reforma constitucional del 2011 y del
43:03principio propersona, los tribunales han
43:05reconocido que la orientación sexual y
43:07la identidad de género constituyen
43:10categorías protegidas por el artículo
43:12primero constitucional. Este
43:14reconocimiento permitido avanzar en la
43:16construcción de acciones afirmativas
43:19orientadas a ampliar la representación
43:21política de estas personas y
43:23particularmente en el ámbito legislativo
43:25y municipal. La doctrina constitucional
43:28mexicana ha señalado que estas medidas
43:31no generan privilegios indebidos, sino
43:33que buscan corregir una
43:34sobrrepresentación histórica derivada de
43:37prejuicios estructurales.
43:39Uno de los debates más relevantes en la
43:41evolución reciente del derecho electoral
43:43mexicano se refiere a la implementación
43:44de acciones afirmativas
43:47para personas de la diversidad sexual en
43:49candidaturas a cargos de elección
43:51popular. Diversas resoluciones emitidas
43:53han sostenido que la inclusión de
43:55candidaturas de personas pertenecientes
43:57a la comunidad puede justificarse desde
43:59el principio de la igualdad sustantiva,
44:01siempre que se base en criterios,
44:02objetivos y en evidencia de inclusión
44:05estructural. Este desarrollo refleja la
44:08influencia directa de los estándares
44:10interamericanos, particularmente en lo
44:12relativo al deber estatal de garantizar
44:15condiciones efectivas de participación
44:17política sin discriminación.
44:21Sí, en el caso mexicano existe un
44:24desarrollo bastante concreto y medible
44:28en materia de acciones afirmativas para
44:30personas de la diversidad sexual dentro
44:32de el derecho electoral, principalmente
44:34a partir de resoluciones emitidas por el
44:36Tribunal Electoral y acuerdos del
44:39Consejo General del Instituto Nacional
44:41Electoral.
44:43cómo ha ido evolucionando tanto
44:45jurisdiccional como administrativamente
44:47en México
44:49estos derechos pertenecientes a este
44:52colectivo. El punto de partida
44:54institucional real no fue legislativo,
44:56como lo mencioné anteriormente, sino
44:59jurisdiccional. La Sala Superior del
45:01Tribunal Electoral comenzó a construir
45:03una línea interpretativa que reconoce la
45:06exclusión estructural de personas
45:08pertenecientes a esta comunidad LGBTT y
45:12Q+ y la necesidad de acciones
45:15afirmativas mediante diversos
45:16expedientes. ejemplificativamente, de
45:19manera enunciativa más no limitativa,
45:23comentaré el subrap 121/ 2020 y
45:27acumulados, en los que se obligó al
45:29Instituto Nacional Electoral a diseñar
45:31medidas afirmativas para grupos
45:33históricamente discriminados, incluyendo
45:36expresamente
45:38a la diversidad sexual.
45:41Acciones afirmativas federales. Como
45:44ejemplos claros tenemos
45:46el proceso electoral federal 2021
45:50mediante el acuerdo del Consejo General
45:52del INE bajo el rubro 18/2021
45:55emitido en cumplimiento a una sentencia
45:57emitida por el Tribunal Electoral, se
45:59estableció una acción afirmativa
46:01específica para la Cámara de Diputados
46:03con un piso mínimo de tres personas de
46:06la diversidad sexual.
46:11Dos candidaturas bajo el mismo principio
46:14de mayoría relativa, una candidatura
46:17bajo el principio de representación
46:19proporcional, posibilidad de postulación
46:21de personas no binarias sin asignarlas
46:25obligatoriamente a un género, límite
46:28máximo de tres candidaturas no binarias
46:30por partidos o coaliciones. El resultado
46:33empírico fue incluso mayor al mínimo
46:36exigido. Se integraron cuatro personas
46:39de la comunidad a la Cámara de
46:41Diputados,
46:43una por mayoría relativa y tres por
46:45representación proporcional.
46:48En el proceso federal 2324
46:50se volvió a implementar por parte del
46:53Instituto reglas de registro de
46:54candidaturas que incorporaran acciones
46:56afirmativas para diversos grupos,
46:59incluyendo a las personas pertenecientes
47:01a la diversidad sexual derivadas
47:03directamente de sentencias emitidas por
47:05el tribunal. Además, amplió el esquema
47:08hacia el Senado, buscando garantizar
47:10espacios mínimos para grupos
47:12históricamente excluidos.
47:15La importancia jurídica de este
47:17desarrollo es doble. Primero, porque
47:19muestra la acción afirmativa dejó de ser
47:21una medida experimental para convertirse
47:23en una política electoral reiterada.
47:26Dos, evidencia el diálogo estructural
47:28entre la jurisdicción electoral y la
47:30autoridad administrativa en donde el
47:32tribunal funciona como un motor
47:33normativo indirecto.
47:37Para concluir, existe todo un desarrollo
47:39jurisprudencial sobre cuotas y omisiones
47:41legislativas como lo son el subjc/
47:472022, el subrex 123/
47:512022, el subjdon
47:562022, en los cuales se corrobora el
48:00compromiso de las autoridades
48:02electorales para llevar a cabo la
48:05inclusión.
48:07También a nivel local se ha desarrollado
48:08experiencias relevantes, como es el
48:10ejemplo del caso de Oaxaca, que se
48:12permitió la participación de cientos de
48:14candidaturas bajo cuotas de la
48:15diversidad sexual en procesos
48:17municipales y legislativos.
48:20México ha transitado por tres etapas
48:23fundamentales e identificables. Uno, una
48:26etapa jurisprudencial del tribunal,
48:28reconociendo la exclusión estructural y
48:31ordenar y diseñar acciones afirmativas
48:33en su favor. Dos, una fase de
48:35institucionalización administrativa
48:37mediante acuerdos del INE que establecen
48:39pisos mínimos y reglas de postulación. Y
48:42por último, una etapa actual de
48:44expansión interpretativa donde se
48:46discute la inclusión de órganos
48:48electorales, cargos unipersonales y
48:50mecanismos contra la simulación o
48:53suplantación de identidades.
48:56Muchas gracias.

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